Por David Ernesto González Ruiz*
Las ciudades-capitales de los departamentos de Colombia, necesariamente cuentan con presiones poblacionales que las hacen susceptibles a estudios, investigación y planteamiento de políticas públicas acordes con sus necesidades de expansión. Ya sea por que en ellas se concentran economías de escala que las hacen atractivas en materia económica a los pobladores o por la presencia efectiva del Estado que garantiza el cumplimiento de muchos de los derechos básicos consagrados en la Constitución de 1991. Por tal motivo, al leer columnistas dominicales del diario El nuevo día como Manuel José Álvarez Didyme-Dome (¿Cuál debe ser el perfil de los candidatos a alcalde y concejales de la ciudad? 20 de Marzo 2011) o “Don Severo” (Otro año político que se inicia. 3 de abril 2011) se aduce al clamor que siempre se realiza por estas épocas electorales, “[…] la actual circunstancia socio-económica de Ibagué, por su gravedad, demanda candidatos tanto a su Alcaldía como a su Concejo, de cuajada condición profesional, bien formados e informados sobre la realidad local y con propuestas serias, consistentes y estudiadas, de impacto para el mejoramiento y el cambio, acompañadas de cifras y prospecciones de índole técnica y administrativa para la generación de entorno propicio para el desarrollo”.
Es muy noble exigirles a los candidatos de elección popular “propuestas serias, consistentes y estudiadas” pero, ¿es posible plantear dichas propuestas sin datos que las sustenten? Es más, ¿cuenta la comunidad ibaguereña – o la población de ciudades-capitales exceptuando Bogotá – con instituciones serias que propendan por el análisis de datos que ayuden a plasmar la realidad socio-económica de la ciudad? Es muy fácil echar mano de las estadísticas suministradas por el gobierno a través de instituciones como el DANE, pero es necesario contar con grupos de estudio serios que contextualicen esas cifras a nivel local y les den vida, especialmente para el debate político que se avecina. Muchas veces en la política local “sobran candidatos y faltan propuestas”.
La capacidad de agrupación de la sociedad civil garantizada por la ley debe prevalecer en un año electoral como el 2011, pero no solo en la movilización sino más importante aún en la investigación. Es cierto, la investigación es costosa y en muchos casos no es rentable económicamente[1] pero el Estado debe sentar las bases de un mecanismo inclusivo que permita a ciudadanos del común investigar los procesos políticos, sociales y económicos de su ciudad. Por ejemplo, el proyecto “Ibagué Cómo Vamos” dirigido por la Universidad de Ibagué en asocio con la Cámara de comercio y la Editorial Aguasclaras es un esfuerzo loable y necesario para la incipiente democracia local. Pero no debe ser el único, ya que el monopolio de opinión no garantiza la trasparencia y confiabilidad de la información suministrada. La “ciudadanía activa” debe ser la meta de todo moviendo social entendida ésta como la capacidad de cumplir con los compromisos de la vida pública establecidos por la ley: también reconocernos como sujetos capaces de proponer, expresar puntos de vista y tener injerencia en la realización de cambios en las diferentes esferas sociales y políticas (Huddleston y Kerr, 2006). El llamado a la movilización e investigación local es claro, la contextualización de datos agregados como los suministrados por el DANE debe ser prioridad de los gobiernos – a través del Departamento Nacional de Planeación – y la ciudadanía activa. De los ciudadanos del común depende la transformación de su ciudad. Es tiempo de cambiar las prácticas clientelistas y politiqueras. ¡En nuestras manos esta el futuro de la sociedad!
*Economista. Todos sus comentarios envíelos a degonzalezru@unal.edu.co
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