La Ley 200 de 1936

La ley 200 de 1936: Una ley escrita por y para el capitalismo colombiano

“El problema de la tierra es entre nosotros el problema capital y a él tendrán que atender de manera preferencial los hombres de estado, si es que vamos a evitar una revolución social de gran trascendencia”

La primera parte de esta advertencia de los políticos liberales de la década de los 30 sigue siendo cierta hoy en día, y sigue siendo cierto que los hombres de estado de hoy deberían atender el problema de la tierra en Colombia. Quizás se nos diga que efectivamente lo hacen, que sus ojos están puestos sobre ese problema. Y quien así nos hable muy seguramente tendría razón, sólo que habría que advertirle sobre cual es la manera en que los hombres de estado “atienden” esta cuestión. ¿Sería justo usar aquí la palabra “atender”? ¿Es acaso atender, para un hombre de estado, el adoptar políticas que permitan a unos pocos (que a veces son ellos mismos) explotar económicamente a otros, sin importar el impacto social de estas medidas? Para Tugan Baranovsky existen dos tipos de sistemas de organización de las sociedades humanas: los armoniosos, que son aquellos donde el productor directo es un fin en sí mismo; y los antagónicos en los que por el contrario el productor directo es simplemente un medio de unos fines exteriores a él. El modo de producción capitalista, es para Baranovsky un sistema antagónico, pues es claro que éste no tiene como fin la satisfacción de las necesidades o la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, sino que su fin es la acumulación, el aumento de la ganancia; en pocas palabras, su fin no es el hombre, sino el valor, y no el valor de uso sino el valor de cambio.

Quizás esto permitirá entender por qué nuestra historia nos parece tan injusta y por qué algunos de sus personajes nos resultan tan inhumanos, por que quieren quedarse con todo el pan sin dejar para otros ni las migajas, o por que quieren quedarse con toda la tierra sin dejar ni un minifundio -así sea bien pequeñito- para el resto.

Pero todo esto suena a una toma de posición, a una acusación, y ser jueces parece poco conveniente para el papel de historiadores que pretendemos asumir en este trabajo por aquello de la neutralidad valorativa. Sin embargo permítasenos por un momento dar un paso atrás y dejar de ser científicos para lanzar una preocupación moral, permítasenos un breve retorno a la humanidad para decir: ¿si en el ámbito del mercado cada quien busca aquello que Smith llamo su interés personal, qué agente económico sino el Estado puede contrarrestar un poco lo efectos de una economía donde la correlación de fuerzas es desigual? ¿Quién sino el estado puede pensar por un momento en los productores directos como fines y no como medios? ¿No son acaso los campesinos seres humanos, o es que es poca su dignidad siendo ellos los que sostienen a la sociedad calmando su necesidad más básica? Pero basta ya de ética que hoy para ser historiadores debemos describir con sobriedad el pasado, sin lágrimas ni sonrisas; y para ser economistas debemos preocuparnos por las variables, no por los hombres.

A. ACLARACIONES METODOLÓGICAS:

Las cuestiones agrarias son problemas para el historiador económico en cuanto remiten a la relación entre la agricultura y el desarrollo del capitalismo. El capitalismo industrial requiere de fuentes de producción agrícola (alimentos y materias primas) para su desarrollo, pero en Colombia y en los países cuyo crecimiento originario se basó inicialmente en la agro exportación el capitalismo industrial requiere de otros servicios adicionales por parte de la agricultura. En primer lugar, puede decirse que requiere de una importación intersectorial de mano de obra, que como sucedió en Colombia en los años 20 sólo podría provenir de sectores rurales (o siendo importada de otros países), puesto que para el año 1918 el 79% de la población era rural (Ver Cuadro). Y en segundo lugar requiere de la agricultura como una fuente de demanda de sus producciones, es decir, como una forma de ampliar los mercados. Ahora bien, una vez establecida esta relación entre industria y agricultura, ésta se convierte en una especie de mutualismo y solo puede romperse afectando gravemente las estructuras productivas de los dos sectores, casi siempre poniéndole trabas a su desarrollo. Las cuestiones agrarias se convierten en problemas para el historiador económico cuando algunas de las exigencias que el capitalismo le hace a la agricultura (las que nombramos anteriormente), no se realizan a cabalidad, o en palabras de Bejarano: “Plantear su existencia [la de un problema agrario]…supone concretamente, postular que la acumulación de capital se ve obstruida porque la organización productiva de la agricultura resiente las ganancias por la vía de los precios, u obstaculiza la conversión de la plusvalía en capital por la ausencia de materias primas o de bienes alimenticios, o porque las relaciones de trabajo imperantes en el campo impiden la provisión de fuerza de trabajo para sectores no agrícolas, etc ”

En la historia colombiana las preocupaciones de los gobernantes colombianos por las cuestiones agrarias han surgido cuando éstas se transforman en problemas económicos o políticos. Lo primero ocurre cuando los intereses estrictamente económicos de los sectores que los partidos representan se ven amenazados. Por su parte, las cuestiones agrarias constituyen un problema político cuando la reacción de los sectores inconformes con la estructura agraria pone en peligro la estabilidad en el poder de los sectores que tradicionalmente lo han detentado. Por estructura agraria entenderemos el conjunto de relaciones entre los agentes que tienen una relación productiva o legal (formal o informal) con la tierra, las de estos individuos con la tierra (de propiedad, tecnológicas, culturales, etc.) y las instituciones que determinan estas relaciones.

Para los propietarios tradicionales de la tierra, existe un problema agrario cuando sus intereses económicos o políticos se ven amenazados. Por el contrario para los productores directos las cuestiones agrarias se convierten en problema cuando surge la conciencia de la necesidad de transformarlas, y esa conciencia se traduce en acciones para conseguirlo. Esta conciencia puede limitarse al problema de la estructura agraria, o puede trascenderla como muchas veces ha ocurrido en el país debido a la influencia de movimientos políticos en el campesinado, en particular en los años 20 y 30; como veremos esta politización del campesinado contribuyó a acrecentar la preocupación de los sectores políticos por las cuestiones agrarias, es decir, a que éstos las consideraran como problemas. Y esta conciencia se da básicamente por la amenaza del empeoramiento de las condiciones de vida que representan las relaciones de producción vigentes.

El presente trabajo pretende hacer un examen de los antecedentes, el proceso y el ocaso de uno de los momentos en la historia de nuestro país en torno al cual todos los sectores políticos, los campesinos y los propietarios tradicionales de la tierra se movilizaron, es decir uno de los procesos donde las cuestiones agrarias fueron consideradas por todos los directa e indirectamente relacionados con ellas como problemas: la ley 200 de 1936, o lo que la historiografía oficial y los liberales consideran como el primer intento serio de reforma agraria.

Como vamos a hablar de leyes y nos estamos refiriendo a la historia colombiana, tendremos que distinguir tres instancias de análisis en el proceso de aplicación de una ley. La primera de ellas es el propósito para el cual ésta fue diseñada, la segunda el contenido jurídico y la tercera las consecuencias efectivas de su aplicación. Para el análisis de la primera instancia no basta con recurrir a las declaraciones en defensa de la ley que hicieron sus promotores, pues los discursos muchas veces ocultan en aras de la diplomacia y de evitar el cinismo lo que es evidente pero silenciado en las palabras. Por lo tanto para realizar este análisis hay que recurrir a la coyuntura política, dilucidar los verdaderos intereses que representaban los promotores de la ley y a qué problemas trataban de responder. Para el análisis de la segunda instancia basta con atenerse a lo consignado en los artículos de la ley. Para el análisis de la tercera instancia debemos recurrir a las estadísticas, a los testimonios de los directamente afectados por ella, y a los historiadores o burócratas que realizan el balance de la ley. Cabe resaltar que las consecuencias de esta no se derivan simplemente de sus aplicaciones concretas, sino de su carácter simbólico, es decir, de aquello que la ley representa para los diferentes sectores de la población. El éxito de la ley puede ser juzgado entonces de diversas maneras, por un lado, desde el lado de los sectores que la promulgaron, ésta se dice exitosa si los propósitos para los que se planteó efectivamente se realizaron, es decir, si la primera instancia y la tercera coinciden. Por otro lado, para el historiador económico la ley será exitosa siempre y cuando el problema agrario que pretendía resolver, sea resuelto. Esto último implica que después de aplicada la ley, la estructura agraria debe haberse transformado de tal manera que las funciones que el desarrollo del capitalismo le exige a la agricultura hayan de ser cumplidas por aquella satisfactoriamente. Cabe además un tercer criterio para juzgar la ley que es el estrictamente jurídico, es decir, el de su aplicación. Si en la tercera instancia, las instituciones cumplen cabalmente lo consignado en la segunda instancia entonces la ley será exitosa conforme al segundo criterio, si no es así la ley será, conforme a la expresión popular muy común en Colombia, “letra muerta”.

B. ANTECEDENTES:

Del siglo XIX se heredaron relaciones pre-capitalistas de producción de las cuales dependía en gran parte la racionalidad económica de la hacienda. Como apunta William P. Mc Greevy, estas relaciones sólo eran víables si se daba el cierre de la frontera agraria, pues solo así era posible que los propietarios percibieran la renta a costa de los colonos . Este cierre de la frontera agraria se manifestó en la política de tierras y en la forma de resolver los conflictos entre colonos y propietarios. Los colonos que buscaban baldíos para iniciar empresas familiares chocaron con que para las tierras colonizadas habían títulos de propiedad asignados antes o después de la colonización, y en casi todas las regiones con excepción de Antioquia los conflictos se resolvían a favor de los propietarios, quedándole como única opción al colono convertirse en aparcero o en arrendatario. En otros casos, la expansión de la frontera agrícola se dio como un propósito de los hacendados, haciendo uso de la mano de obra que tenían ya a su disposición.

La debilidad del estado después de la independencia se tradujo en una política de tierras de concesión de grandes extensiones a grandes inversionistas para consolidar el desarrollo capitalista; también se utilizó la tierra como recurso fiscal, emitiendo bonos que podían ser redimidos después por baldíos, así se pagaron los favores de muchos soldados que participaron en las guerras civiles. A pesar de que hubo intentos legales (Ley 14 de 1870 y Ley 48 de 1882) de privilegiar concesiones para los colonos y de limitar la posibilidad de creación de grandes latifundios, a partir de 1870 se fortaleció la política de asignar tierras (sin estipular límites legales a esta operación) a los empresarios. La ley 48 definía ya la posibilidad de revertir las tierras que no se explotaran económicamente, pero esta disposición en la práctica nunca se cumplió. El balance final que realiza Catherine Legrand sobre este proceso de concesiones en el siglo XIX es que se asignaron 2 millones de hectáreas de las cuales 73% se distribuyeron entre extensiones de más de 1000 hectáreas, 16% para extensiones de entre 100 y 1000 hectáreas, y apenas 11% en menores de 100 . De manera que la concentración de la propiedad de la tierra se remonta a estas épocas . Sin embargo, el estimativo de Legrand sobre las tierras adjudicadas explica muy poco el porcentaje de tierras ocupadas a principio del siglo XX, lo cual evidencia la expansión más allá de los límites legales de los territorios. Fue por esto por lo que se le dio el nombre de “prueba diabólica” a la ley 74 de 1926 que establecía que toda persona que reclamara propiedad sobre un terreno estaba obligada, en caso de litigio, a exhibir el título original de traspaso de propiedad sobre un baldío nacional, ya que para muchos propietarios era prácticamente imposible cumplirla . Además la expansión de la frontera agraria no iba aparejada con una explotación económica de ella. Un intento que cabe mencionar sobre legislaciones agrarias, fue la ley 56 de 1905, la cual establecía la propiedad de expropiación de terrenos que no hubieran sido cultivados, y la extinción de aquellos previos adjudicados que no estuvieran explotados al menos en la mitad de su extensión.

A principios del siglo XX se puede hablar de dos formas predominantes en la explotación de la tierra: la de las haciendas, y la economía parcelaria. La primera era característica de regiones como los Santanderes, Tolima y Cundinamarca, en ella los productores directos estaban sujetos a la hacienda intercambiando trabajo por un pedazo de tierra para asentarse, el trabajo estaba destinado a la producción de bienes exportables que administraba el propietario, y lo que el aparcero o arrendatario podía producir era básicamente la subsistencia necesaria para el funcionamiento de la hacienda (pan coger), esto último era un condición indispensable para la autonomía de la hacienda como lo reconocían los cafeteros de Cundinamarca . La segunda forma, predominante en Caldas y Antioquia, consistía en unidades familiares explotando pequeñas porciones de tierra, forma resultante de la colonización iniciada en el siglo XIX. Una excepción a estos dos tipos se puede encontrar en la ganadería extensiva de la costa, y en los latifundios de las refinerías vallecaucanas. Así, y como lo afirma Kalmanovitz: “En la década del 20 se encuentra una variedad muy grande de instituciones de la explotación del trabajo rural que tienen en común la sujeción del campesino a la tierra y la obligación extraeconómica de abonar rentas bien sea en servicios, producto o dinero” .

Los campesinos provenían de las comunidades indígenas descompuestas paulatinamente en el siglo anterior, con la reducción de la extensión de sus resguardos hasta su disolución y su asentamiento en los límites con las haciendas, provenían además de los esclavos libertados que antes trabajaban en las minas y de “blancos pobres” que no pudieron acceder a las mercedes de tierras desde la época de la corona . La hacienda, que en el siglo XIX no simplemente era una unidad económica, sino también ante la ausencia de un estado nacional unificado, era la principal fuente de poder administrativo, legislativo y judicial, siendo “Estados dentro del Estado” los poderes “gamonales”, era entonces la que iba a absorber a estos “hombres libres” que conformarían el campesinado colombiano.

Con la indemnización de Panamá, la danza de los millones, la prosperidad a debe, las obras públicas y los buenos precios del café entrada la década de los 20, se presentó un fenómeno migratorio de campesinos a las ciudades por los altos salarios urbanos (Ver Cuadro 1). Se dio una relativa escasez de mano de obra en las haciendas, lo cual fortaleció las nacientes organizaciones campesinas, y permitió que arrendatarios y aparceros exigieran mejores condiciones, e incluso que empezaran a exigir su conversión a propietarios, o la libertad de cultivos de café y los demás productos exportables. Algunos propietarios se vieron obligados a pagar salarios para sujetar la mano de obra. Antes de la crisis del 29, la estructura agraria se sacudió, dando inicio a lo que se denominará la crisis de la hacienda. Esta se manifestó básicamente en la depuración y el debilitamiento de las relaciones pre-capitalistas (pero esto no significa que se diera un salto inmediato a la relación salarial) ante su incapacidad para responder a la demanda de productos agrícolas de la industria en las urbes, es decir, es aquí donde aparece el problema agrario para el historiador económico. Además, la crisis fortaleció a los campesinos para asociarse y exigir reivindicaciones que antes era impensable que exigieran, de ahí que fue posible la politización de los emigrantes al entrar en contacto con las organizaciones políticas en las ciudades, la izquierda liberal, el Partido Socialista Revolucionario y el Partido Comunista.

Cuadro 1
Distribución Espacial de la Población Colombiana 1918-1930
Año Urbana % Rural % Total
1918 1231 21 4625 79 5865
1925 1560 23 5164 77 6724
1930 1934 26 5419 76 7425


C. EL PROCESO
Los gremios que defendían los intereses de los hacendados no esperaron para reaccionar. La asamblea de Boyacá expidió una resolución que especificaba que para que un campesino pudiera salir de la zona debía portar un salvoconducto, la FNCE y la SAC exigieron directamente que el gobierno tomara medidas para aumentar la oferta de trabajo en el campo. Los precios de los bienes básicos se dispararon (Cuadro 2). El gobierno congeló los salarios en la industria, pero al no ser esto suficiente, tuvo que recurrir a la expedición de la “Ley de Emergencia”, la cual facultaba al presidente para eliminar o minimizar los derechos aduaneros de los víveres, también para compensar vía importaciones la demanda que no podía cubrir la producción nacional, y de esta manera no afectar la rentabilidad de las empresas capitalistas, valiéndose del comercio exterior de la manera en que David Ricardo lo consideró favorable. (Cuadro 3).

Cuadro 2. Índice de precios de subsistencia

Año Índice de precios
Agropecuarios Variación Salario Real
1923 100 100
1924 106.1 6.1 111.2
1925 113.4 6.9 101.4
1926 134.9 18.9 103.0
1927 127.0 -5.8 151.2
1928 127.3 154.0
1929 123.9 -2.7 156.6


Cuadro 3: Importaciones Agrícolas
Año Miles-Tonelada
1922 -
1923 43.7
1924 48.6
1925 51.3
1926 87.1
1927 83.8
1928 154.0


Para esta época las reclamaciones ante los Ministerios, la creación de asociaciones campesinas como el Baluarte Rojo en Córdoba, el cultivo de café de manera clandestina por arrendatarios y los intentos de desafiar el poder de los hacendados empezaron a aumentar, manifestaciones de esto son la huelga de las bananeras en 1920, la de 200 arrendatarios de la hacienda “El Chocho”, y las de Viotá. Sin embargo antes de 1929, estas manifestaciones no trascendían los límites regionales. Después de la crisis económica mundial, las entradas de capitales y la importación de bienes se redujeron drásticamente, esto provocó un desempleo masivo a las ciudades y por lo tanto un éxodo hacia el campo de los que antes habían salido de él. Por ausencia de divisas, se derogó la ley de emergencia, y se ampliaron las exigencias de oferta agrícola. Pero los que regresaron tenían la influencia política de los partidos con los que entraron en contacto en las ciudades, y además los que se quedaron ya habían logrado reivindicaciones. Sin embargo los latifundistas se resistían a que las relaciones de producción del pasado desaparecieran. Todo esto derivó en una confrontación directa entre campesinos y latifundistas en la década de los 30. Como lo demuestra Sanchez, el número de conflictos consignados por la oficina general del trabajo alcanzaban sólo en el año 30 la mitad de los que se presentaron en el transcurso de la década anterior . Según cálculos de Fajardo, el número de los campesinos que llegó a estar involucrado en estas luchas llegaba a los 30000.

A nivel político, en el gobierno de Olaya Herrera se había reconocido el derecho de los trabajadores para formar sindicatos, mediante la ley 83 de 1931. Así varias de las llamadas Ligas Campesinas conformadas en años anteriores adquirieron personería jurídica. Para el año 1945, Sánchez elabora una lista que incluye a 105 de estas organizaciones. El Partido Comunista y la UNIR Gaitanista, desarrollaron estrategias de acción en el campo, sin embargo, los procedimientos reivindicatorios diferían de acuerdo al partido político al cual se acercaban más las diferentes Ligas. Por un lado el liberalismo oficialista veía en la organización campesina un foco de inestabilidad y proponía un desmonte gradual de las relaciones latifundistas, lo cual sonaba más a un interés de capitalizar la agricultura sin comprometer la propiedad ni lo esencial de la estructura agraria, pues es claro que también había latifundistas liberales. Gaitán con un discurso más radical también era partidario del gradualismo, y acusaba al PC de querer saltarse las etapas. Por su parte el PC hablaba de efectuar la revolución democrático-burguesa de la propiedad, dadas las condiciones históricas del desarrollo del capitalismo colombiano. Estos dos sectores políticos paulatinamente flexibilizaron sus posiciones y se adhirieron al oficialismo liberal, cosa que algunos verían como la claudicación de la izquierda al proyecto de la “revolución en Marcha de López” lo cual clausuró una oportunidad histórica del campesinado, el cual según estos autores quedó sólo y sin representación política.

Paralelamente a estos había otras organizaciones cuyo problema era estrictamente agrario, como el movimiento indígena liderado por Quintín Lame. El gobierno de Olaya emprendió estudios para un proyecto de reforma agraria, además se avizoraba la preocupación redistributiva en sectores liberales oficialistas, mediante el liderazgo de Alejandro López . Así del lado de los campesinos: “las confrontaciones del decenio de 1930 van a concentrarse en la lucha por la tierra, para consolidar la producción parcelaria” .

La asfixia crediticia de muchos terratenientes (como lo ejemplifica Fajardo con el análisis del caso de la hacienda de El Hato ) sumada a las presiones por la necesidad de una oferta que compensara las necesidades del sector industrial, obligó a los gobernantes a pensar en la manera, ante la imposibilidad de resolver el conflicto, de conformar pequeños núcleos productivos, de modo tal que no se afectara la propiedad terrateniente pero que la fuerza de trabajo quedara sujeta a la tierra para garantizar la oferta agrícola. En otras palabras, esa política de parcelaciones lo que pretendía era un cambio en las modalidades de sujeción de la fuerza de trabajo por parte de los terratenientes para resolver el conflicto social que se estaba presentando, éstos vendían por intermedio del Banco Agrícola Hipotecario sus haciendas a los arrendatarios, pero quedaban con el control de la comercialización de las producciones que de las parcelas de los nuevos dueños pudieran salir. Además, los arrendatarios tenían que pagar las mejoras en los predios que ellos mismos habían hecho. Sin embargo, tanto Moncayo, Bejarano, Sanchez y Kalmanovitz coinciden en que este proceso fue muy restringido (Cuadro 3), aunque de cierta importancia relativa, y Sánchez agrega que sólo se vendieron terrenos de baja calidad: “Podría concluirse que las parcelaciones fueron relativamente pocas, y que la mayor parte de las que se hicieron no pueden considerarse como un logro de los campesinos. Si el balance de las luchas campesinas en las décadas del veinte y el treinta se hiciera sólo en base a ellas, el saldo sería indiscutiblemente pobre”

Cuadro 3: Parcelaciones realizadas hasta diciembre 31 de 1940.
Tamaño
de las parcelas (En fanegadas) Parcelaciones realizadas
hasta Diciembre 31 de 1940
Banco Agrícola Gobierno Nacional
Menores de 2 1318 1899
De 2 a 5 2813 3644
De 5 a menos de 10 2119 2740
De 10 a menos de 20 1324 1671
De 20 a menos de 50 779 927
Mayores de 50 375 414
Total 8728 13315

Pero el balance de las luchas no termina ahí, la agitación campesina alcanzó un punto muy elevado cuando se empezaron a presentar las llamadas invasiones por parte de los colonos. Una modalidad de éstas consistía en que los colonos desconociendo los alegatos de los terratenientes sobre la propiedad de algunas tierras, llegan a ocuparlas. Pero tan pronto como el Estado interviene para desalojar a los invasores, estos se retiran de las tierras ocupadas, de manera que el conflicto es directamente con el terrateniente y nada más. Esta modalidad se presentó en regiones como Caldas donde detrás de las movilizaciones campesinas no había una coordinación de ninguna fuerza política. Pero hubo una segunda modalidad de lucha campesina, precisamente aquella donde ésta alcanzo su punto más álgido, pues constituía un enfrentamiento directo no sólo con el terrateniente sino también, con el Estado. Ésta se presenta “cuando los campesinos, habiendo sido despojados o lanzados, por disposición judicial, de las parcelas que cultivaban, las retoman, desconociendo la validez de la decisión judicial o administrativa” Acto seguido se quitaba la personería jurídica a la Liga invasora, y se desataban actos de violencia entre las fuerzas del Estado y los campesinos. Las reivindicaciones eran en este caso por algo más que la flexibilización de las relaciones pre-capitalistas, y requerían de la combinación de formas de acción, legales e ilegales. Sin embargo ni el UNIR ni el PC pudo capitalizar estas insurrecciones regionales en un movimiento nacional, y precisamente cuando el movimiento campesino parecía tomar más fuerza, vino la ley 200 de 1936 y apaciguó los ánimos. En esto coinciden Fajardo, Sánchez y Moncayo. La ley apareció como el intento de contener una posible redistribución de la tierra en unidades parcelarias, debido a la amenaza política que representaba la consolidación de una organización campesina, y además como una manera de que la producción agrícola cumpliera las exigencias que de ella hacía el capitalismo industrial. Es decir la reforma solucionaba por un lado el problema agrario en el sentido económico, y la inestabilidad social que la cuestión agraria como problema social causaba, es decir resolvía la cuestión agraria como problema político para las clases dirigentes.

D. EL OCASO

A partir del proyecto de ley presentado por el ministro Francisco Jose Chaux, fueron muchos los congresistas que presentaron propuestas legales para solucionar el problema agrario como problema económico, es decir, el de modificar la estructura agraria de tal manera que el sector agrícola fuera capaz de aumentar la oferta de sus productos para las necesidades de la industria, y como problema político para apaciguar los ánimos que podían poner en peligro el poder político bipartidista. El partido liberal presentó en 1935 su programa agrario que consistía en: 1)Delimitar los títulos de propiedad para evitar apropiaciones abusivas, 2) Permitir la ocupación de baldíos solo si estos se explotan económicamente, 3) Establecer las condiciones legales para la preferencia de la adjudicación de pequeña escala con base comercial y destinar el crédito principalmente a estas producciones, 4) Señalar con toda claridad las pruebas necesarias para obtener el título de propiedad, y 5) Fomentar la explotación económica de tierras que permanecían sin cultivar. Según Sánchez “Tal vez no exista en la historia del país otra reforma que, como la ley 200 de 1936, haya servido tan cabalmente a los intereses de la clase dominante. La Ley logró, en efecto, presentarse –y ser aceptada- como una respuesta a las demandas campesinas, cuando en realidad, su objetivo fundamental era resolver las inquietudes de los terratenientes. La llamada “Revolución en Marcha”, si fue burguesa, nunca fue democrática, en el sentido de que proyectara una distribución de tierra a los campesinos” En efecto, la ley 200 del 36 no tenía una pretensión redistributiva, y efectivamente resolvió las inquietudes políticas de los terratenientes. Además el problema de la legalización de los títulos de propiedad favorecía principalmente a los terratenientes que en las colonizaciones realizadas desde el siglo XIX habían ampliado los linderos originales de sus propiedades, la ley en el artículo 1º decreta que se presumirá que no son baldíos los bienes poseídos, es decir, explotados económicamente. Esto quiere decir que inicialmente no se exige la existencia de una prueba de posesión, sino que esta posesión se presumirá . Tal como lo expresaba el ministro de gobierno del presidente López en 1936:: “hoy por hoy, dadas las circunstancias jurídicas del país, los propietarios privados, en su gran mayoría, no tienen un título firme de propiedad contra el Estado”. Pero en realidad la función principal de la ley a nuestro juicio fue 1) “presionar la explotación de predios no cultivados por parte de los terratenientes” ya que obligaba a que en un plazo de 10 años el predio tuviera que estar siendo explotado en una tercera parte pues de lo contrario se procedería a su extinción de dominio, o pasados 5 años se daría la prescripción adquisitiva a los verdaderos poseedores. Como consecuencia de esto se pretendía acoplar la agricultura a las exigencias del capitalismo, es decir resolver el problema agrario como problema económico, 2) acelerar la depuración de las relaciones pre-capitalistas de producción que impedían disponer de una fuerza de trabajo libre para las demandas industriales, y de una fuerza de trabajo con poder adquisitivo como fuente de demanda para las producciones industriales.

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Publicado por: Sergio Chaparro.