martes, 13 de abril de 2010

Opinión: "El Derecho a la Ciudad: uniendo el Urbano Dividido"

Por David Ernesto González Ruiz*

“La democracia se define también como un modo de vida. Pero no puede serlo más que garantizando la calidad mínima de la existencia ordinaria y cotidiana de los miembros de una sociedad” Guy Hermet.

El pasado 26 de Marzo culminó en Rio de Janeiro, Brasil el “Quinto Foro Urbano Mundial” coordinado por la Oficina para Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas ONU-Habitat. Y el tema central de dicho encuentro fue “el derecho a la ciudad: uniendo el urbano dividido”. Ha sido una grata sorpresa, que las Naciones Unidas se den a la tarea de crear espacios donde todos los actores sociales, independientemente de su posición política, participen y creen consensos sobre los principales problemas a futuro que enfrentan las ciudades. Pero, ¿el concepto de derecho a la ciudad ha sido difundido y entendido por la sociedad colombiana?, es más, ¿qué se entiende por derecho a la ciudad?, será, ¿qué la sociedad colombiana, ha estado rezagada frente a estas tendencias globales?

Se puede decir, que los retos del siglo XXI son la creciente urbanización mundial. En la actualidad, contamos con ciudades como Tokio de 35 millones de habitantes concentradas en menos del 4% del territorio de Japón (Banco Mundial, 2009). Estos fenómenos de aglomeración, han representado problemas para los gobiernos y los ciudadanos que quedan excluidos en su propio territorio. Divulgar los derechos humanos ha sido la bandera de lucha por la cual, se ha concientizado al morador de una ciudad sobre sus necesidades y derechos, bajo el precedente de pertenecer a un sistema democrático. Esta divulgación ha permitido el nacimiento del “derecho a la ciudad”, en palabras de Harvey, éste derecho “es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos cambiando la ciudad”.
Pero, se puede decir que en Colombia ¿podemos acceder a este derecho? Creo que no ha sido así, lo posición neoliberal que ha dominado estos últimos veinte años de gobierno han generado condiciones propicias para la acumulación de capital. Y dado, que la ciudad es el mejor lugar para mezclar estos excedentes que generen plusvalor. En el proceso de urbanización han tomado las riendas quienes participan de dichos excedentes, que en nuestra sociedad son un muy reducido grupo de personas. Ahora bien, y que pasa con los demás ciudadanos. Pues la única solución es poblar los cerros y lugares de poco interés económico para los urbanizadores.

Por eso, es necesario que se divulgue la carta de Rio de Janeiro 2010 donde se hace un llamado ha “reafirmar la ciudades democráticas, sostenibles y humanas. Y se reconoce la necesidad del derecho a la ciudad como un nuevo paradigma político, cultural, económico y socio-ambiental para la reconstrucción de nuestras ciudades y en especial, nuestras dimensiones política y cultural”. La carta es una invitación a reconocer que hoy el mundo se esta haciendo más urbano. Y esta en nuestras manos evitar que siga existiendo el urbano dividido.

* Investigador asociado al CEID y enviado especial al V Foro Urbano Mundial.

domingo, 11 de abril de 2010

OPINIÓN: DE LOS PARADIGMAS, LA IDEOLOGÍA Y LA ECONOMÍA: ENTRE MITOS, JUICIOS Y PREJUICIOS. ALGUNAS REFLEXIONES A PROPÓSITO DEL DESEMPLEO.

Por: Carlos Alberto Suescún Barón*

“La vida intelectual es entonces la progresiva creación de formulas que permiten manejar la vida con el máximo de sencillez. Su verdad se mide tan sólo por su eficacia”. Xavier Zubiri


Cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran que en Colombia la tasa de desempleo a febrero de 2010 es del 12.8 %. Cifra que para desgracia de los colombianos y del desarrollo de la economía nacional, se ha mantenido en su histéresis aducida a períodos de larga recesión, permitiéndonos ocupar durante varios períodos el podio de “los que más desocupados” tiene en Latinoamérica desde hace varios años. Igual sucede con la denominada informalidad y los “trabajadores por cuenta propia”, al mismo tiempo que los contratos que disminuyen progresivamente el salario real de los trabajadores formales (incluso para los más cualificados) siguen siendo la moda. En fin, el problema del desempleo (el cual quizás es el principal para la Ciencia Económica) es sin duda alguna el principal reto de los hacedores de política y de los gobiernos en la actualidad (Medida que por ejemplo debe ser bien sopesada por la ciudadanía en una época electoral como la que nos convoca por estos días nuestra cada vez más languidecida democracia). Son varios los factores que explican esta dinámica, pero basta con una ojeada a la opinión de expertos en distintas fuentes para hallar una explicación común en el ambiente contemporáneo: la desaceleración de la economía. No obstante, si esta es la principal explicación ¿por qué incluso en períodos de “vacas gordas”, la tendencia (no el ritmo únicamente) de crecimiento de la economía no fue acompañado por una misma dinámica en el empleo?, ¿por qué las políticas de flexibilización laboral (fundamentalmente las relacionadas con la ley 50 de 1990) no crearon el nivel de empleo formal que prometieron sus proponentes, los empresarios y los gobernantes de turno y predecesores que las implementaron?, pero en el fondo la pregunta de interés es: ¿a qué obedece que no sigamos una hoja de ruta “distinta” tanto en la explicación de los fenómenos económicos como en la forma de implantar las políticas?



En la referida frase del filósofo español Xavier Zubiri, el pragmatismo es una de las formas en las que se integran verdades y necesidades en un “ambiente de realidad” (podemos ser más ambiciosos y decir, para un período de la historia) que concilia la Ciencia y la vida de sus fundadores. Durante más de un siglo un paradigma del saber y del hacer ha sido la teoría Neoclásica, la misma que algunos denominan como tradicional o convencional de la misma forma que lo haría cualquier persona a una rutina no sujeta de cambios esenciales como puede ser bañarse o comer. Esta teoría se convirtió en el paradigma y sus críticas han sido o bien integradas al programa de investigación o relegadas en el campo de lo ajeno a la relevancia. Cualquier libro de texto paradigmático y sus juiciosos lectores (donde puedo incluirme) nos dice que el desempleo obedece principalmente en el corto y mediano plazo a comportamientos propios del desenvolvimiento de los fenómenos económicos relacionados con el intercambio y la producción, que se pueden resumir en dos para el caso de la problemática abordada: la sustitución de factores (condensados en dos: trabajo y capital) y la presencia de rigideces de precios (en este caso los salarios).



Sumergido en el análisis de una economía capitalista, donde principios como la libertad individual y el respeto por la propiedad sean respetados, es sin embargo difícil para mentes poco conformistas (o poco rutinarias), escapar de los dilemas tanto profesionales como éticos recurrentes al cuestionarse sobre lo que se cree saber, por lo que se debe propender y sobre todo por lo que se concibe en la realidad y los límites de la comprensión de los fenómenos bajo ciertos principios teóricos. En este sentido, un paradigma sin duda encierra al individuo en un mundo particular, a veces tan hermético que cuestionar su pertinencia aún en presencia de persistentes contradicciones con la realidad es una labor compleja tanto a nivel individual como social. Este comportamiento sin lugar a dudas es legitimado por principios ideológicos, un cumulo de valores que no le permiten al teórico que niega la conciliación entre lo que ven los ojos y las imágenes que construye la mente por efecto, por supuesto, es totalmente legítimo, nadie puede dejar de lado lo que la política y la vida en sociedad le impone como principios; por eso es quizás que Keynes afirmaba que la Ciencia Económica es un ciencia moral. No obstante, el individuo y la sociedad deben sopesar entre lo que lo define y lo que le conviene. En el caso del desempleo, no es mentira, en realidad hay formas alternativas de verlo y de proponer soluciones eficaces. Modelos tanto complejos como simples en el marco de las teorías Keynesiana y poskeynesiana muestran que en una economía con un marco institucional no muy distinto del actual bajo otras perspectivas puede conducir a mejores resultados o al menos a otras explicaciones.



Si cierto enfoque no da los resultados que se esperan (veinte años de fuertes reformas en políticas laborales por ejemplo deberían servirnos como evidencia) y por el contrario conducen a desmejoras, ¿por qué no probar con otras formas? La respuesta no parece ser la crítica que legitima el paradigma actual en economía: la economía no es un laboratorio; sino a una cuestión política. No puede haber otra explicación para que por ejemplo unas teorías bien concebidas como las que se desprenden de la Teoría General o del análisis Kaleckiano, que en su estructura conceptual son totalmente legitimas y consecuentes, queden al margen de “la caja de herramientas” del hacedor de política. El principio de demanda efectiva que incluso tiene la capacidad de demostrar el por qué de la existencia de un fenómeno como la informalidad en el trabajo y el por qué de su persistencia, que permite ver como la economía llega a mejores resultados en términos de producción y bienestar con un estimulo a la demanda agregada mediante aumentos del gasto autónomo y/o el alza salarial, no son concebidos como relevantes inclusive notando que otras naciones (caso de Estados Unidos con la aplicación de los planes de rescate) de manera indirecta los aplican, pero más aún cuando sus explicaciones y principios se ajustan a una realidad económica particular.



El teórico, el gobernante y en sí la sociedad deben darse cuenta cuando sus principios ideológicos y el rezago de conocimiento que le generan sus paradigmas, chocan con la realidad en la que viven, no es una necesidad de rebelarse como muchos matizan con prejuicios derivados de la ideología, es un llamado a conciliar conocimiento y verdad con realidad, un llamado a ser más consecuentes, un tanto pragmáticos (así estemos impregnados de racionalismo).




*Economista de la Universidad Nacional de Colombia, miembro e investigador asociado al Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo (CEID).

Opinión. Lo público y lo privado I: El incierto equilibrio entre sociedad civil y Estado como agentes del cambio social.

Por Sergio Chaparro Hernández*

La extensión de las esferas de lo público y lo privado han definido, en las distintas épocas, aquellos aspectos de la vida social en los que a los individuos y al Estado les está permitido intervenir legítimamente. Lo público se reconoce como un espacio de encuentro donde todos podemos participar sin que se nos reproche que estamos metiendo las narices donde no debemos. Lo privado en cambio, es aquella instancia que está sustraída a las intervenciones arbitrarias de los otros, un espacio que protegemos con recelo y donde consideramos que es nuestra propia voluntad, y no la de los demás, la que debe llevar la voz cantante.

Así planteadas las cosas, quizás parezca que estas definiciones se distancian del uso cotidiano de estos términos, pues la gente identifica lo público con lo estatal y lo privado con lo que los distintos actores de la sociedad civil realizan sin el concurso del Estado (empresas, ONG´s, organizaciones sociales, etc). Mi propósito es el de resaltar que lo público no debe ser visto como algo ajeno a quienes no somos funcionarios del Estado, o no pretendemos serlo a través de la lucha electoral. Lo público, entendido como aquel espacio intersubjetivo que construimos colectivamente, es patrimonio de todos y por lo tanto todos debemos contribuir a protegerlo, o a transformarlo cuando sea necesario. Y lo privado, entendido no como el lugar donde operan los actores distintos al Estado sino como la esfera que está protegida de las injerencias arbitrarias de los otros, no debe verse como algo del todo independiente de lo que sucede en el ámbito de lo público, ni como un lugar donde el Estado no tenga nada que hacer. Lo privado solo se transforma en sociedad, en coordinación con los otros y quizás, en algunas ocasiones, con la ayuda imprescindible del Estado.

Tal vez sea necesario explicarme mejor con un par de ejemplos.

Hoy en día, algunas de las ciencias sociales se encuentran en una encrucijada común: ¿Qué actor debe ser el principal gestor del progreso: la sociedad civil o el Estado? En la economía, por ejemplo, uno de los dilemas centrales es si se requiere más Estado o más mercado. Sin embargo, esta disyuntiva es falsa. La fortaleza de lo uno no tiene porque implicar la debilidad de lo otro. Un sector privado exitoso requiere de una institucionalidad fuerte capaz de garantizar el cumplimiento de los contratos o de integrar al circuito del mercado a una mayor parte de la población a través de la garantía universal de los derechos sociales básicos, también de la existencia de valores públicos que favorezcan el deseo de cooperar, como la confianza en las instituciones, o mecanismos públicos de resolución de conflictos que impidan que se fracture la cohesión social y se entorpezca así el funcionamiento de los mercados.

Por otro lado desde la ciencia política, o la filosofía de orientación marxista, se ha planteado el tema de cuál es el actor que en últimas debe efectuar la emancipación social. Si bien la existencia del Estado se comprende como una forma de dominación social, esta última solo puede eliminarse por la mediación del mismo Estado (en la forma de dictadura del proletariado). De hecho esto es lo que ha separado a la tradición marxista del anarquismo pues mientras la primera considera que la toma del poder es una condición indispensable para superar la dominación, el segundo opta por la autogestión de la sociedad sin el concurso de elementos externos a ella. De manera que el marxismo asigna un papel central al Estado como agente del cambio social mientras que el anarquismo pone el énfasis en las iniciativas que surgen en el seno mismo de la sociedad, las cuales incluso deben pasar por encima del Estado, propender por su destrucción.

De otra parte, existe también una impotencia generalizada para lograr cambios necesarios en el ámbito de lo privado, sobre todo cuando las capacidades de los agentes afectados para suscitar esas transformaciones son muy limitadas. Pensemos por ejemplo en el tema de la violencia contra las mujeres, la cual muchas veces está validada por el miedo y las visiones machistas de las mismas víctimas: “es que fue mi culpa porque yo le hice dar rabia”. La sociedad se convierte en cómplice de este tipo de situaciones por mantener relegado este fenómeno a un tema propio de cada familia y en el cual los otros no tienen por qué meterse. Volver este un tema público donde a través de la discusión de los prejuicios que justifican estas acciones, y la sanción moral a quienes las realizan, se logre influir sobre el ámbito privado, es una actitud más razonable que el esperar pasivamente a que se dé una solución puramente privada, como por ejemplo la de tener la esperanza que las creencias religiosas lograran transformar el pensamiento del victimario. También representa una actitud más responsable que la de delegarle únicamente al Estado la función de prevenir y castigar este tipo de violencia, y afirmar cómodamente que ese no es asunto nuestro. Algo similar ocurre con el tema de la corrupción o la prevención de los demás delitos, pues al afirmar que la responsabilidad recae únicamente sobre el Estado, la sociedad civil termina volviéndose cómplice por omisión, por no contribuir en lo que puede a evitar estos males.

Sin embargo, debemos ser conscientes que, en ciertos contextos como el nuestro, la sociedad civil carece de la fortaleza necesaria para generar iniciativas amplias que contribuyan al progreso social, o que por lo menos asuman una actitud permanente de vigilancia sobre la acción del Estado. Por esta razón no debe desconocerse que el Estado tiene que tener cierto liderazgo. No obstante, quitarle el monopolio al Estado de la transformación del ámbito de lo público, entendido en el sentido amplio que ya hemos mencionado (y con ello de la posibilidad de transformar indirectamente el espacio de lo privado), puede significar un buen comienzo para acelerar los cambios que la sociedad requiere.

* Investigador del CEID y economista de la Universidad Nacional.

miércoles, 7 de abril de 2010

Opinión: ¿Fines o medios?

A los economistas se les achaca siempre su insistencia, casi que su tozudez, en creer en la individualidad, en el atomismo social, si se quiere así expresar, como una forma análitica útil y válida para entender y sintetizar comportamientos generalizables en las relaciones del orden económico.
Esto no sería del todo malo si se reconociera que hay una contradicción entre el marco teórico en el que nos apoyamos y la praxis, lo que defino, esencialmente, como la implementación, de unas políticas económicas, que por lo demás están inscritas en un contexto social, conflictivo y polemizante. Se pasa de agentes racionales, con preferencias completas y ordenadas a políticas económicas de estabilización, de crecimiento convergente y de sostenibilidad en sociedades donde los agentes racionales son meros artificios, métodos análiticos eficientes que se estrellan con una realidad que los hacen inoperantes.
Pero basta de retórica, que creo todos conocemos.
Una mirada casi al azar de un artículo de The Economist me hace pensar en qué tanto nos hemos equivocado. La percepción desde los centros de pensamiento relevantes, en los periódicos y medios de comunicación internacionales, es que la región ha fracasado. Fracasó al intentar implementar una industrialización tardía y mal hecha: tardía porque empezó a vender bienes de niveles de baja complejidad cuando la economía internacional formulaba otros patrones de comercio, le ponía a la competencia desleal otros tipos y regulaciones. Mal hecha porque aquí siempre existió una oligarquía inútil, parasitaria, paranoica con el poder político, que prefirió la comodidad del latifundio al trabajo arduo de la fábrica y el comercio (suena rimbombante, lo sé). Fracasó después la región al adoptarse a una desindustrialización y a un desmonte del sistema económico precedente. Fracasa ahora en mantener políticas de crecimiento y equidad de la mano...
Quizá  en The Economist, como dicen ellos mismos, intentan no irse por estos extremos ideológicos, y el artículo no sea la mejor muestra de ello. Quizá, después de todo, pueda hablarse con toda sinceridad que hemos perdido demasiado, y que el camino del desarrollo sí sea culebrero.
Me llama la atención el debate que hacen y dicen que acá confundimos los fines con los medios. Siempre ha sido así. Por ejemplo: la acumulación de oro, tierras y rentas que no generaran ningún rendimiento adicional se interpreta como un fin, cuando en últimas era un fin, para un desarrollo capitalista que hasta ahora es vislumbrado y entendido. "Si hubieran hecho esto! o aquello! seguramente no les ocurrirían tantas cosas fatídicas" ( la opinión de un forista de Virginia)
¿ Será que ese es el problema?
Para salirme aún más del formal y alegre tema de la economía: les recomiendo la novela de Aldous Huxley, 'Ciego en Gaza'. Y la sentencia moral de uno de los personajes: "Es la nobleza de los medios lo que justifica, da forma y validez a los fines, soñados y esperados por todos". Por útopico que parezca, quizá la solución de muchos conflictos, en lo económico o en cualquier aspecto se encuentre en mirar el orden y la hilación de la lógica de otra manera, quizá al revés, quizá de una manera que de mucho más que pensar.

Eder Carrascal

martes, 30 de marzo de 2010

Opinión. La comprensión popular del mal

Por Sergio Chaparro Hernández*.

Escuchando noticias me he preguntado últimamente dónde diablos será que meten a tanto delincuente que a diario agarran en nuestro país. Sin embargo, antes que hablar de esta "eficacia policiva" quisiera plantear una preocupación mas de fondo que es la que, a mi jucio, puede explicar el fenómeno del hacinamiento en las cárceles, fenómeno que, en una tierra donde los centros penitenciarios son abundantes, resulta un signo evidente del deterioro de nuestra sociedad.

Un rasgo común tanto de los discursos del oficialismo de Estado como de los lamentos de las señoras que acaban de ser víctimas de un robo es el de defender una concepción individualizada y moralizante del mal. Las dicotomías amigo/enemigo, personas de bien/terroristas, buenos/malos reflejan una comprensión conforme a la cual quienes cometen un delito son la encarnación de la maldad, responden a motivaciones perversas y han optado deliberadamente por la opción de hacer parte de los malos pudiendo haber entrado en el círculo de los buenos, los cuales, por supuesto, siempre "somos más".

Dado que muchas veces las opiniones cotidianas están permeadas de hondas raíces filosóficas, o más bien, que la filosofía no es sino el intento de aclarar aquello que ya circula en la experiencia cotidiana, intentaré remitir esta "sabiduría popular" hoy tan difundida, a una concepción filosófica sobre el sujeto moral y con ello sobre la maldad. Posteriormente trataré de oponerla a otra cuya influencia en el diseño de nuestras instituciones y en la mentalidad de nuestros gobernantes es mucho menor, por no decir casi nula.

La primera de ellas puede desprenderse del cristianismo y se consuma en su versión secular con Kant. Habla de un sujeto responsable, de autonomía de la voluntad, de libre albedrío. Considera que el ser humano siempre puede elegir entre hacer el bien o el mal sobreponiéndose incluso a sus intereses, sus impulsos y todas las presiones mundanas. La voluntad es libre, por consiguiente el individuo es completamente responsable de su conducta.

Frente a esta posición reaccionó ferozmente Nietzsche, quien defendió un determinismo radical y la plena irresponsabilidad del indidividuo por sus acciones. La voluntad humana está sujeta irremediablemnete a la causalidad y por lo tanto no puede atribuírsele ningún tipo de responsabilidad o culpa a quien obra de determinada manera. Son las circunstancias y no una decisión individual las que explican la "maldad".

Estas posiciones pueden relacionarse con dos perspectivas tradicionales y menos elaboradas de comprender y combatir el mal que circulan en el diario vivir de nuestra sociedad. La primera podríamos denominarla como Kantismo-mojigato y su ejemplo más dramático lo encontramos en la justificación que las "señoras de bien" dan ante el asesintato de algún delincuente: "eso si, él se lo buscó", "es que no era ningún santo".

La otra podría bautizarse como nietzscheanismo-alcahueta y coincide con la justificación de ciertos actos reprochables por el hecho de que quien los realiza ha nacido y vivido en circunstancias adversas, como por ejemplo cuando se disculpa a un ladrón por el hecho de ser pobre, o cuando un delincuente se defiende alegando que no tuvo otras oportunidades.

Pensar los problemas sociales desde cualquiera de estos dos extremos es tremendamente perjudicial. El uno porque es incapaz de reconocer que la abundancia de delincuentes, antes que reflejar la existencia de muchas personas que han optado perversamente por el camino del mal, da cuenta de que algo anda mal en la sociedad misma. El otro porque destruye todo sentido de la responsabilidad y termina aceptando que el respeto de los principios que posibilitan la convivencia pueden violarse de acuerdo a las circunstancias.

Hoy en día en Colombia, sin embargo, impera una sola de estas visiones. El apoyo popular al tratamiento exclusivamente bélico del conflicto armado o iniciativas con amplio respaldo ciudadano como la de imponer la cadena perpetua para los violadores de niños, lo que demuestran es que la gente quiere descargar ciegamente su ira contra los síntomas del mal sin pensar por un momento que quizás sería mejor atacar sus causas para erradicarlo definitivamente. Tal vez sea necesario entonces forzar un poco el pensamiento hacia el otro extremo para evitar que nos llenemos de muertos o terminemos encarcelando a media población sin haber podido eliminar aquellos determinantes del contexto social de nuestro país que a diario hacen brotar por miles las semillas de la maldad futura.

*Investigador del CEID y (ahora sí) Economista de la Universidad Nacional.

domingo, 7 de marzo de 2010

Opinión: Agenda electoral y razones para votar

Por: Sergio Chaparro Hernández*
                                                                                                          
Partiendo de que los ciudadanos debemos votar, no por los políticos que nos ofrezcan apetecibles tamales en medio de festivas parrandas en los barrios, excitantes ofertas de desnudismo, fotografías donde su fealdad trata de ser ocultada en vano o persuasivas sumas de dinero, sino más bien pensando en quiénes podrían ser aquellos capaces de formular y defender las propuestas que verdaderamente necesita este país, ofrezco tres breves reflexiones sobre mi percepción general de las elecciones que se avecinan:

1. Una de las muchas herencias desastrosas que el uribismo le ha dejado a Colombia es la definición de unos temas sobre los cuales los candidatos deben pronunciarse obligatoriamente si aspiran a ser elegidos. Aún mas, ha limitado de tal forma las posibles respuestas que se le pueden dar a ciertos problemas, que algunos planteamientos otrora razonables han quedado desterrados definitivamente del discurso de todo candidato que pretenda tener chance. ¿De cuándo acá la suerte del presidente antecesor o qué tanta fidelidad se tenga a su discurso deben hacer parte de los temas de los programas de gobierno de los candidatos? ¿De cuándo acá se determinó que la superación del conflicto armado en este país solo es posible por la vía del plomo (seguridad democrática)? ¿De cuándo acá se estableció que el mejor candidato es aquel más dispuesto a echar bala, es decir, aquel que resulte más salvaje? ¿Por qué criterios para decidir por quién votar como las propuestas para combatir el desempleo (que ya se acerca a un aterrador 15%), o los planteamientos sobre el modelo de desarrollo que necesita el país para superar el atraso y la pobreza, o el tema de la descentralización, la justicia, la educación, entre otros, han quedado relegados a un segundo plano?

2. Los candidatos dicen que van a hacer tal cosa o tal otra pero se olvidan de pronunciarse sobre aquellos factores que impiden que la política en Colombia pueda ser el espacio donde a partir de la deliberación se tomen las decisiones más acordes con los intereses nacionales. Mientras no se propicie una transformación que permita que la política deje de ser un espacio donde se transfieren recursos de los contribuyentes a los políticos más corruptos o se legisle a favor de unos pocos pero poderosos grupos económicos, los objetivos loables que un candidato pueda plantearse y los anhelos de quienes aspiran a que el país mejore gracias al ascenso de un buen político quedarán irremediablemente truncados. La política debe convertirse en el espacio donde todos decidamos colectivamente cómo vivir. Pero cuidado, cualquiera que pretenda ver en estas palabras un preámbulo para hacer proselitismo a favor de Sergio Fajardo que no se equivoqué, pues nada más distante a esa percepción. Si bien Fajardo pone el énfasis en este punto sus propuestas resultan del todo insuficientes para lograrlo, incluso ingenuas (como casi todo lo que propone). No basta, aunque es importante, con que los políticos elegidos tengan un comportamiento intachable (lo cual depende de que los votantes descarten a aquellos que han tenido antecedentes de corrupción y a los partidos que han sido cómplices de ello, es decir, que descarten al 90% de quienes están en el tarjetón). Es necesario además avanzar hacia el desmonte de las estructuras políticas que han permitido que el Estado esté hoy capturado por las mafias o por los intereses económicos de los de siempre. Esto a su vez implica reversar el proceso de concentración de la riqueza en las regiones que es lo que permite que las conciencias sean compradas, que la ignorancia y la necesidad lleven a que la gente entregue servilmente su voto -que es su única vía de participación- a una voluntad ajena a sus intereses, bien sea por un plato de lentejas, por tener la presión de un revólver en la cabeza para ir a las urnas o por cualquiera de las absurdas motivaciones por las que siempre ha votado la gente en este país.

3. Ya que por estos días los políticos andan invocando por doquier al señor Dios y muchos de quienes regalan su voto citan frecuentemente la biblia para no parecer ignorantes y dárselas de hombres buenos, deberían tomarse más en serio las sagradas escrituras y aplicar el precepto Por sus frutos los conoceréis (Mateo, 7, 16) al momento de decidir por quién votar.

Irremediablemente, quien realice este ejercicio y además decida hacerles a los candidatos al senado, la cámara y la presidencia las exigencias derivadas de los otros dos puntos aquí enunciados, se encontrará que las opciones que le quedan podrían contarse con los dedos de una mano mocha. Pero bueno, entonces aún hay esperanza.

Investigador del CEID, y (ya casi) economista de la Universidad Nacional  

jueves, 4 de marzo de 2010

Columna de Opinión

Por David Ernesto González Ruiz*

“Por lo demás, los hombres no derivan placer alguno (antes bien, considerable pesar) de estar juntos allí donde no hay poder capaz de imponer respeto a todos ellos. […]. En tal condición no hay lugar para la industria; porque el fruto de la misma es inseguro. Y por consiguiente tampoco cultivo de la tierra; ni navegación, ni uso de los bienes que pueden ser importados por mar, ni construcción confortable; ni instrumentos para mover y remover los objetos que necesitan mucha fuerza; ni conocimiento de la faz de la Tierra; ni cómputo del tiempo; ni artes; ni letras; ni sociedad; sino, lo que es peor que todo, miedo continuo, y peligro de muerte violenta; y para el hombre una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”(Thomas Hobbes, Leviatán)

Con los recientes brotes de violencia que se han presentado en la capital colombiana se ha puesto de manifiesto que es necesario el monopolio de la violencia. Como decía Hobbes es mejor temerle a una persona que temerle a todos. Y eso, es lo que recientemente a pasado en Bogotá. La constante amenaza de violencia que ejercen los partidarios de los transportadores (o por lo menos, eso es lo que percibimos de los medios) ha provocado el colapso y el caos reinante. En el imaginario social por estos días, se impone la percepción de inseguridad. Ya no sabemos quien es el enemigo y por lo tanto, preferimos la sensación de seguridad que tenemos en nuestros hogares.
Pero, ¿quién tiene la razón? A mi juicio, lo que le ha faltado a la administración de Samuel Moreno y en realidad, a todas las administraciones donde se ha querido modernizar el Sistema de Transporte Público ha sido una socialización con la comunidad, que en últimas, es quien utiliza este servicio vital - como lo hemos podido comprobar - para una ciudad, mostrar las ventajas/desventajas de este sistema. Volver a la democracia participativa. Es cierto, con la democracia representativa se ha solucionado el problema del crecimiento demográfico y la complejidad de las redes sociales. Pero, tratándose de una situación que es sensible a la mayoría de ciudadanos (como lo es, la movilidad en la ciudad) la pedagogía cumple un papel determinante en el grado de aceptación de una política pública con alto grado de afectación social. Es importante que las demás ciudades tomen el ejemplo de Bogotá, y los gobiernos locales asuman un compromiso serio de educación a la comunidad frente a políticas públicas con alto grado de afectación social.


PD: A los miembros del CEID, por favor pasar a firmar el proyecto de este semestre donde Dorita. URGENTE
*Investigador Asociado CEID. Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad total del autor.