CIENCIA Y CULTURA COMO BIENES PÚBLICOS

Por: Andrés Fuerte Posada – CEID

En la tradición económica ortodoxa, un bien público se define como aquel que tiene dos cualidades: no exclusión y no rivalidad. Es decir, no se puede evitar que alguien consuma el bien y el hecho de que alguien lo consuma no disminuye las posibilidades de consumo de los demás. Se acostumbra decir que es difícil encontrar un bien público puro, ya que muy pocos bienes cumplen estas condiciones. No está de más recordar que esta es sólo una definición de una corriente específica de la economía y que hay espacio para otro tipo de conceptos.

En principio, algo como un libro, una pieza musical o una película, son bienes excluyentes y en algunas ocasiones rivales. Si yo leo un libro, es difícil que otras personas lo lean al tiempo y es posible impedir que alguien lo lea. El análisis se puede extender a la música, las películas, teorías científicas, etcétera.

Sin embargo, algunos avances tecnológicos, combinados con ciertos fenómenos sociales han cambiado un poco el panorama. Los libros pueden escanearse y colgarse en internet;  la música puede quemarse, digitalizarse y difundirse fácilmente, al igual que las películas en ciertos formatos. Esto quiere decir que los bienes culturales o de contenido científico pierden su condición de fácil exclusión. Ahora, si se difunden libremente, se presenta un problema inminente: nadie paga por consumir el bien y por lo tanto, no hay incentivos para su producción o quienes los producen seguramente llegarán a la quiebra.

Ante este problema, surgen los derechos de propiedad intelectual, que buscan salvaguardar los intereses de los científicos, innovadores y artistas. Hacerlos respetar no es una tarea fácil y la sociedad parece esforzarse (sin mucho éxito) en lograrlo a través de diferentes campañas e incluso de castigos legales a quienes no respeten estos derechos.

Empresas como blockbuster, tower records o Betatonio, que se dedican a la comercialización de material legal están casi desaparecidas. Por otro lado, en el TLC que Colombia esta en proceso de firmar con USA, se incluyen fuertes sanciones para quienes violen la propiedad intelectual, incluyendo las patentes de los medicamentos. Cada vez aparecen técnicas más sofisticadas para proteger las obras artísticas en formatos digitales que luego son quebrantadas y se sigue persiguiendo a vendedores ambulantes quienes con el afán de sobrevivir se dedican al comercio de mercancía pirata.

El llamado es entonces a tratar la ciencia y la cultura como bienes públicos, proveídos mayoritariamente (aunque no exclusivamente) por el Estado, con contribuciones progresivas de la sociedad. Las razones son básicamente dos, además de las ya expuestas: es injusto que los artistas y científicos no obtengan una retribución por su trabajo. Por otro lado, es deseable que toda la población acceda tanto a la ciencia como al arte, sin importar su nivel de ingreso o condición social. Puede sonar utópico (“you may say I’m a dreamer…") en el momento, pero debemos dar pasos en esta dirección.  

OPINIÓN: "DEL PLURALISMO EN EL SABER AL PRAGMATISMO EN EL HACER: UNA AUTORÉPLICA"

Por: Carlos Alberto Suescún Barón*

 

Hace ocho días en este mismo espacio opine sobre el carácter pragmático que debería ser adherido a los principios de acción de política económica de los gobiernos, y en sí de las decisiones que deberían tomar las personas o los distintos actores organizados y no organizados en un ambiente democrático. Este carácter pragmático escribí en ese texto, se justifica por el hecho de que muchos criterios de decisión sustentados en algunas teorías no van acorde con unas evidencias y comportamientos de las variables en la realidad. Para tal efecto tome el ejemplo del desempleo y la interpretación que desde la teoría neoclásica se tiene de su existencia en el corto y mediano plazo, las justificaciones de su persistencia y las soluciones del mismo; al mismo tiempo que reseñe la posibilidad de utilizar un enfoque distinto de la misma problemática, sustentado en el hecho de la conveniencia y la relevancia del mismo dadas las condiciones actuales, tal sugerencia recae sobre todos los desarrollos alternativos que tienen por núcleo el principio de Demanda Efectiva.

Hoy, ocho días después del llamado a esa reflexión, debo decir que hay un vacío en tal análisis o propuesta: ¿de qué sirve llamar al pragmatismo en la práctica cuando no tenemos pluralidad en lo teórico? Sin duda, sé que muchos estudiantes tenemos la posibilidad en una institución como la Universidad Nacional de conocer además de múltiples enfoques teóricos en nuestra misma disciplina, también la de intercambiar con otras disciplinas de manera sistemática aún en el pregrado (un aspecto que rescata nuestro grupo, al considerar como fundamental lo Multidisciplinario). Aún así, el peso que genera un paradigma en el saber es un aspecto de suma importancia a la hora de cuestionar aspectos tanto pedagógicos como de contenido de los distintos programas en Ciencias Sociales, en especial los de Ciencias Económicas. De esta manera puede resultar completamente inocua la propuesta de indagar en otros enfoques la esencia de las problemáticas y las medidas que se debieran tomar en torno a ellas, si antes no se reflexiona por algo, que incluso vale la pena reseñar, apareció como comentario a mi anterior columna de opinión: la educación.

Es pertinente en estas épocas de crisis y contradicciones, cuestionar tanto lo que se aplica como lo que se enseña, de tal forma que ampliemos como científicos el espectro de análisis tanto de las interpretaciones como de las acciones (políticas); bien sea como un impulso del saber, es decir, haciendo de la diversidad de enfoques en la enseñanza un potencial y no un desperdicio (tal y como se interpreta desde la enseñanza en un sentido funcionalista reducido sustentado en los enfoques por competencias laborales, por actividades especializadas, etc.), o simplemente por una necesidad a la que obligan las situaciones especificas de una coyuntura particular susceptible de ser analizada desde diversos campos del análisis que en definitiva son del interés común.

Es por tal motivo que quizás pedir un enfoque alternativo en la conducción de las políticas, como las que servían para ejemplificar los problemas del desempleo bajo los enfoques relacionados con la Demanda Efectiva, cuando se desconoce (o se estudia de manera marginal) la naturaleza teórica del mismo concepto, los supuestos de los modelos que se han desarrollado, y en sí todo lo que contienen los programas de investigación relacionados (incluidas las limitaciones), puede ser irrelevante, además de peligroso. Así, antes quizás de cuestionar lo que hacemos (o lo que otros hacen), y proponer (con justa razón quizás) enfoques alternativos, es importante analizar las limitaciones, la fragmentación y la unidireccionalidad teórica a la que nos conducen los paradigmas legitimados y sostenidos en el proceso de aprendizaje (caso fundamental, sin duda es la educación superior), esto con el fin de propender a una emancipación de los límites del conocimiento que permitan con el paso del tiempo una mayor capacidad de reacción ante los problemas subyacentes en un ambiente o tiempo particular, o al menos reduciendo el riesgo de error por efectos cíclicos de malas interpretaciones.

*Economista de la Universidad Nacional de Colombia, miembro e investigador asociado al Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo (CEID).

Lo público y lo privado II: Los dilemas entre pluralismo e integración social.

Por Sergio Chaparro Hernández*

Jhon Rawls, en su Teoría de la Justicia, intentó responder una pregunta crucial para las sociedades contemporáneas: ¿Cómo es posible garantizar una sociedad bien ordenada aún donde conviven personas con concepciones tan radicalmente distintas sobre el mundo? Y digo que es crucial por cuanto está en el centro de muchos de los conflictos étnicos, religiosos, políticos y culturales que se libran hoy por hoy en distintos lugares del planeta.

Esta pregunta le concierne a palestinos e israelíes, a vascos y españoles, a inmigrantes y nativos en los países desarrollados, a países como el nuestro donde existe una deuda histórica con las comunidades étnicas tradicionalmente excluidas y, por qué no, a venezolanos y colombianos ante la amenaza que puede significar el surgimiento de peligrosos brotes de intolerancia.

La estrategia de Rawls para responder la pregunta fue muy sutil, pero no por ello pasó desapercibida ante los ojos de sus críticos, principalmente los comunitaristas. Repasémoslo brevemente.

Tratando de poner en conceptos el espíritu de las instituciones de la sociedad occidental, Rawls apeló a la distinción público-privado para separar el espacio donde pueden tener juego las creencias y los intereses de cada quien, de aquel donde es necesario abstraerse de las motivaciones propias y pensar cooperativamente en pos de alcanzar la estabilidad social. Rawls no deriva un espacio del otro, como lo hizo por ejemplo Hobbes, pues los sujetos morales son tanto racionales (capaces de perseguir objetivos propios con medios eficaces para hacerlo), como razonables (dotados de sentido de la cooperación y capaces de reconocer el derecho a existir de otras concepciones de mundo y de considerar intereses comunitarios). El espacio público ha de ser el terreno donde, basándose en concepciones políticas de la justicia y no en dogmas religiosos o morales, se discutan los principios que conformarán la estructura básica de la sociedad. Por esta razón, es necesario que este espacio se construya desde una posición original en la cual, a través de ficciones como la del velo de ignorancia, se logren aislar aquellos elementos que puedan propiciar que los principios de justicia se diseñen para favorecer intereses personales, o para incorporar una visión moral particular dentro de la estructura básica de la sociedad. El consenso traslapado, derivado de este ejercicio hipotético, arrojaría como resultado dos principios de justicia destinados, en primer lugar, a garantizar un esquema de libertades en lo privado lo más amplio posible e igual para todos y, en segundo lugar, a establecer la manera en que se podrían admitir desigualdades en los bienes básicos sin cometer injusticias (meritocracia en los cargos, y principio de la diferencia o maximin rawlsiano).

Los comunitaristas reaccionaron apuntando a resaltar que los principios de justicia de este liberalismo rawlsiano, y la concepción política del sujeto que los sustentan, no eran neutrales, pues, ciertamente, establecían un compromiso fuerte con una idea moral de ciudadano propia de la cultura mayoritaria, excluyendo así formas de participación no democráticas, o incluso esquemas de justicia alternativos como los que caracterizan a las sociedades ancestrales. De ahí surgió la necesidad de incorporar en los ordenamientos jurídicos los derechos multiculturales, los cuales incluían la posibilidad de que algunas comunidades tuvieran autonomía política y administrativa o que se rigieran por jurisdicciones especiales. De esta manera se aceptó que algunas diferencias en el ámbito de lo privado pudieran implicar tratamientos diferenciales en lo público.

Esta solución no ha evitado que surjan acaloradas controversias cuando los valores fundamentales de las culturas mayoritarias entran en tensión con los que defienden las minorías. Un ejemplo de ello fue lo sucedido hace poco cuando una comunidad indígena decidió azotar a dos de sus miembros por las acciones cometidas cuando eran integrantes de las fuerzas armadas. La justicia colombiana no admite castigos que impliquen penas físicas, pero para las comunidades indígenas esto sí constituye una forma adecuada de penalización. El presidente Álvaro Uribe protestó enérgicamente contra la decisión de las autoridades indígenas, argumentando que los derechos especiales que tenían las comunidades no podían ser la excusa para que se dieran este tipo de vejámenes contra algunos ciudadanos, así fueran también indígenas. Por su parte, la Corte Constitucional ha resuelto a favor de las comunidades demandas sobre casos similares, privilegiando así los derechos multiculturales sobre otro tipo de derechos que reflejan valores importantes de la cultura política occidental.

Pero esto nos remite a otra serie de problemas que no son fáciles de resolver. ¿Qué actitud deben asumir los gobiernos de Occidente frente a las culturas en las cuales el papel de la mujer, o la forma de educar a los hijos, contradicen los valores de igualdad, respeto y dignidad humana que son tan caros al espíritu político del cual están imbuidas nuestras instituciones? ¿Deben los defensores de derechos humanos admitir, en aras de la tolerancia, que otras culturas vulneren los derechos mínimos de ciertos sectores de la población aún cuando tales sectores acepten esas vulneraciones porque así lo ordena su religión o los principios de su cultura? ¿Es legítimo admitir una guerra como una manera de imponer una cultura que pretenda, precisamente, evitar toda forma de imposición y posibilitar así la igualdad y la libertad?

No voy a ofrecer aquí una respuesta a estas preguntas porque no la tengo. Sin embargo creo que si el ideal de progreso moral de la cultura occidental es, como creo que lo es, el de hacer que nuestras diferencias raciales, sexuales, étnicas, políticas, etc, importen cada vez menos para juzgar el valor de una persona y su derecho a participar en la construcción de comunidad; y si además queremos lograr que tal progreso se dé utilizando el convencimiento y no la imposición, debemos empezar por practicar un tolerantismo militante, es decir, convencer a todos aquellos a quienes sus prejuicios constituyen un motivo de exclusión y de odio contra otras personas de que sus posiciones son realmente absurdas.

Sólo así, quizás sea posible que algún día puedan convivir y dialogar en un mismo espacio un musulmán, una científica psicorrígida y atea fiel al iluminismo y defensora de una única verdad, y un mulato supersticioso que no cape sesión de espiritismo ni ignore agüero alguno y cuya actitud tropical raye en un guapachosismo desbocado.

* Investigador del CEID y Economista de la Universidad Nacional.

Las realidades de dos candidatos ¿Alternativos?

Por: Roberto Mauricio Sánchez Torres*

Frente a la coyuntura política electoral que vive el país, y al ser hoy el tema de mayor debate en Colombia por estos días, he decidido dedicar mi espacio de opinión (por tanto no pretende ser un escrito riguroso y extenso), al tema de auge y decaimiento de los dos partidos que considero alternativos frente a la tradicional clase política del país. En los sistemas políticos modernos, según Bobbio, no se eligen personajes, sino programas y los victoriosos son los partidos y no los sujetos, en Colombia, por el contrario el sistema electoral gira entorno a personajes, y por tanto, la elección de un representante es apoyado por un partido en la medida en que se reparta el pastel de los cargos de libre nombramiento y remoción.

De los candidatos a la presidencia de Colombia, para el periodo 2010-2014, a mi juicio, sólo dos ofrecen programas alternativos a las políticas tradicionales asociadas a la oligarquía del país. Por un lado Antanas Mockus, del nuevo Partido Verde, ofrece una política caracterizada por dos aspectos: la ciencia, la tecnología y la educación como eje del desarrollo social y económico, y la construcción de una conciencia social en busca de equidad. Por otro lado, el ex guerrillero Gustavo Petro, con un programa social robusto, cuyo eje es que el Estado garantice la provisión de Servicios Sociales como la Educación, la Salud, el Saneamiento, y supla a su vez problemas como la pobreza extrema, además de proponer una alternativa a la salida del conflicto armado combatiendo sus causas, que entre otras son la misma pobreza, la desigualdad en la riqueza, pero fundamentalmente en la propiedad de la tierra.

Pues bien, mientras el Partido Verde, o mejor, Mockus, sube en las encuestas (del 11% a mediados de marzo, al 29% un mes después), el Polo Democrático, o mejor, Gustavo Petro sigue constante, por lo bajo, con el 4%. Esto muestra las diferentes oportunidades que tienen dos candidatos de distinto origen político, por un lado el ex guerrillero (Petro) dejo a un lado sus convicciones sobre la falta de democracia en una democracia electoral, y por otro el ex rector de la Universidad Nacional y ex alcalde de Bogotá, rompió la distancia entre la vida de Científico y la vida de Político (distancia que grandes pensadores sociales como Max Weber prefirieron conservar).

Pues bien como dije al principio sólo quería plantear mi opinión frente al tema. De este modo, a mi juicio tres factores esenciales están asociados con las diferentes realidades de las propuestas alternativas: 1. Colombia es un país eminentemente conservador, resultado, entre otras, de raíces políticas coloniales y republicanas (o somos dictadores, Simón Bolívar, o somos colonia de otros que nos gobiernan mejor, ¿Núñez?), país que difícilmente elegiría en condiciones normales a un ex guerrillero, por eso, si bien gran parte del país, y casi toda la opinión pública está cansada de una política tradicional, no se arriesga a un cambio de política profunda, y menos de tendencia hacia la izquierda, ahí Mockus (y Fajardo también) quedan en un escenario privilegiado. 2. La elección de Gustavo Petro como candidato del polo, hundió la posibilidad de que en el escenario político estuviera un personaje como el ex magistrado (¿Vs ex guerrillero?) Carlos Gaviria, con un importante apoyo de sectores influyentes, que quizá hoy están con Mockus. 3. La pésima gestión pública de Samuel Moreno, a mi juicio, ha tendido a enterrar un proyecto político y social urbano incluyente, que deterioró el apoyo en Bogotá hacia el Polo Democrático, contra el respaldo a Mockus de alcaldes que terminaron su gestión exitosamente, como fueron Lucho y Peñalosa.

En resumidas cuentas del proyecto alternativo hay que esperar lo que pueda resultar con Mockus, porque Petro está en una sociedad con un letargo político profundo, y el Polo tiene dos alternativas: desintegrarse y volver a construir un proyecto político de izquierda, o esperar a que surja un caudillo, que parece que es lo que más le gusta a la democracia latinoamericana.

* Estudiante de Economia. Universidad Nacional de Colombia. Integrante del CEID.

Exito económico y desarrollo: El caso de Botsuana

Por: Eder Carrascal*
Las noticias acerca de los milagros no son abundantes en la economía. En general, el gradualismo y la lenta convergencia de los procesos económicos se perciben como las dinámicas más apropiadas para explicar muchos de los fenómenos en nuestro campo de estudio. Equilibrio y mesura, al mejor estilo walrasiano.
 De vez en cuando, países de los que habíamos tenido poco conocimiento, de repente centran el debate acerca de las vías del desarrollo, y nos brindan una seria reflexión acerca de las políticas que se han implementado, en países como los nuestros, donde el desarrollo económico es visto como un ideal y no como una realidad concreta.
Basta con mencionar a Corea del Sur. En este país, luego del conflicto con los Estados Unidos, que culminó en 1954, la cruda división de su territorio, y la imposición de regimentes militares duros e inflexibles, ocurrieron cambios significativos en su estructura económica, una transformación sin precedentes en la economía moderna, lo que fácilmente llevo a tildar este cambio en un 'milagro'. Varios economistas (Krugman, por ejemplo) observan que existía en Corea del Sur una burocracia favorecedora de ciertas ramas de la actividad industrial, de un nepotismo sorprendente, reacia ante la competitividad internacional, sobreprotectora y adusta. Los milagros no se realizan por sí solos, anota Krugman, y en la literatura referente al tema se suele olvidar que las políticas económicas están insertas dentro de una forma de hacer negocios, de hacer política, que es idiosincrática en algún modo, a la forma cultural de los países.
Luego de la reciente crisis económica (¿ esto no sería también sinónimo de una crisis de los modelos de desarrollo?), uno que otro país muestra un comportamiento que no se ajusta a los parámetros de recesión. Lo sorprendente está que uno de esos países se encuentre en el África sub-sahariana, una región que sufre de manera drástica los impactos de la recesión global, debido a su altísima dependencia a la demanda externa. Una región pobre en exceso. (1)
Botsuana, un país pequeño, sin salida al mar, con escasas tierras aptas para el cultivo y un díficil acceso a las fuentes de agua para la mayoría de la población, rompe el récord de crecimiento del PIB : durante más de 45 años ha tenido una tasa promedio del 10%, es decir, su economía se está duplicando cada siete años.
 El Banco Mundial presenta el 'milagro botsuanés' como una combinación exitosa de recetas recomendadas por sus analistas: una política económica mesurada, en donde se equilibren los recursos fiscales, pero se permita al tiempo una consolidación de los servicios que el Estado, y solamente éste, debería asignar, como la educación básica. Otro elemento es que, a diferencia de muchos de sus países vecinos, Inglaterra no 'desmontó' la estructura paternalista colonial de manera tan apresurada como sí lo hizo, por ejemplo, en Uganda. Los conflictos étnicos no se dieron en Botsuana porque, luego de 1966, el país adoptó las mismas instituciones políticas manejadas por una élite que supo marginar tales disputas tribales.
Este marco institucional de análisis, aunque pueda ser válido, intenta hacer secundario el hecho de que éste país es el mayor exportador de diamantes del mundo. Quizá el gobierno botsuanés haya sido medianamente más responsable con los recursos en impuestos recibidos (excesivamente bajos, como sabemos), y el hecho de no verse en una inestabilidad política constante, como en la mayoría de países sub-saharianos, le permitió a Botsuana atraer a las grandes multinacionales de la minería y ofrecerles un ambiente económico mucho más atractivo que en otros países donde no existe una gobernabilidad, y la exportación conlleva riesgos altísimos ( diamantes de sangre). Pero eso no impide observar las evidentes asimetrías en el sistema económico internacional. Botsuana ha hecho las cosas bien, según el Banco Mundial ( o algún analista más o menos responsable con sus comentarios), y sin embargo, sigue pagando el alto precio del desarrollo.
El tener un equilibrio fiscal y un crecimiento sostenido ( recuérdese, de la exportación de diamantes: la economía depende casi que exclusivamente de tal actividad) no ha evitado que en éste país la desigualdad sea más alta que, en otros países con 'marcos institucionales más riesgosos', como plantea el discurso desarrollista del BM. Que por ejemplo, el IDH (Indice de Desarrollo Humano) sea más bajo que países en guerra civil o conflicto tribal en África. Sería de suponer que si se tiene un crecimiento espectacular, como ha tenido Botsuana, se mejoraran, al menos marginalmente, indicadores de bienestar y equidad. No ha sido así, y con cada crisis económica el país tiene mayores pérdidas en este sentido. Curiosamente, cuando no hay que comer, la gente compra más diamantes ( una paradoja en el mejor sentido de los bienes Giffen)

 La conclusión, un poco apresurada, pero que se presta para debate, es que no podemos fiarnos de un optimismo abrupto en algunas cifras macroeconómicas, y de las que se hace inferencia sobre el tema del desarrollo. También, que nuevamente, y de manera drástica, se ve la dicotomía entre el crecimiento y el desarrollo; pero que tal dicotomía no debe ser aceptada, como algo normativo, como algo que es normal en la vía del desarrollo para los países.
El crecimiento debe ser conciliado y aunado a un desarrollo integral, que permita el acceso a los derechos básicos y al goce de las libertades, en un sentido más amplio. Y que quizá el gradualismo, que tanto buscamos los economistas, no sea aplicable sino en unos contextos muy limitados. Se presentan hechos que a veces se desvían de toda lógica (económica). La paradoja de los milagros en economía es reflejo de nuestra ingenua sorpresa sobre hechos que deberíamos entender de una mejor manera.

(1). Schuldt, Jurgen: ¿Podemos aprender algo de Botsuana, el milagro africano?

 * Investigador asociado del CEID.

De familias y delitos

Por Andrés Fuerte Posada – CEID.


No soy abogado, ni aprendiz de derecho, por tanto mis conocimientos sobre el tema son bastante limitados. Sin embargo, alguna vez escuche el siguiente principio: los crímenes no se heredan. Es decir, la responsabilidad de nuestros actos no debe afectar a los miembros de nuestra familia.

Hace unos días fue detenido en Bogotá el señor Rubén Darío Granda, hermano de Rodrigo Granda, el conocido “canciller de las FARC”. Rubén Darío es acusado de auspiciador de la guerrilla, terrorismo, concierto para delinquir, y otros delitos. No conozco al sujeto, pero vi por casualidad una entrevista suya con Yamid Amat y me pareció un buen tipo, un académico e investigador dedicado a su trabajo. Al margen de mis impresiones, lo cierto es que un juez lo dejó libre por falta de pruebas, lo que hace parecer que todo es una persecución por “delitos de sangre”, como indicó el acusado.

Por otro lado, nuestro Profesor Beethoven esta pasando por serias dificultades, sus cuentas han sido congeladas por que su hermano esta siendo investigado por presuntos “nexos” con las FARC (cabe preguntarse si ser extorsionado es tener nexos con la guerrilla). El del Profesor es otro caso de alguien afectado por acciones que cometió su hermano.

Ahora me pregunto: ¿por qué estas personas están siendo investigados por delitos que cometieron sus familiares, mientras otras personalidades de la política nacional, cuyos parientes tienen innegables nexos con el crimen, siguen ocupando sus puestos tranquilamente? A continuación, algunos ejemplos.

Guillermo Valencia Cossio, hermano del Ministro del Interior esta detenido por corrupto; el hecho de que Fabio siga siendo Ministro puede no ser ilegal, pero sí me parece falto de ética. Algunos hermanos, esposas, sobrinos, nietos, ahijados, cuñados, yernos, etcétera, de políticos detenidos por sus relaciones con los paramilitares se lanzaron como candidatos a las pasadas elecciones legislativas y algunos fueron electos. Por último, ¿No es primo hermano de nuestro honorable presidente el señor Mario Uribe, detenido también por parapolítica?

Me llega a la cabeza otro principio del derecho: la igualdad ante la ley. Un sistema de justicia serio y transparente es indispensable para que un país alcance un verdadero desarrollo.

Opinión: "El Derecho a la Ciudad: uniendo el Urbano Dividido"

Por David Ernesto González Ruiz*

“La democracia se define también como un modo de vida. Pero no puede serlo más que garantizando la calidad mínima de la existencia ordinaria y cotidiana de los miembros de una sociedad” Guy Hermet.

El pasado 26 de Marzo culminó en Rio de Janeiro, Brasil el “Quinto Foro Urbano Mundial” coordinado por la Oficina para Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas ONU-Habitat. Y el tema central de dicho encuentro fue “el derecho a la ciudad: uniendo el urbano dividido”. Ha sido una grata sorpresa, que las Naciones Unidas se den a la tarea de crear espacios donde todos los actores sociales, independientemente de su posición política, participen y creen consensos sobre los principales problemas a futuro que enfrentan las ciudades. Pero, ¿el concepto de derecho a la ciudad ha sido difundido y entendido por la sociedad colombiana?, es más, ¿qué se entiende por derecho a la ciudad?, será, ¿qué la sociedad colombiana, ha estado rezagada frente a estas tendencias globales?

Se puede decir, que los retos del siglo XXI son la creciente urbanización mundial. En la actualidad, contamos con ciudades como Tokio de 35 millones de habitantes concentradas en menos del 4% del territorio de Japón (Banco Mundial, 2009). Estos fenómenos de aglomeración, han representado problemas para los gobiernos y los ciudadanos que quedan excluidos en su propio territorio. Divulgar los derechos humanos ha sido la bandera de lucha por la cual, se ha concientizado al morador de una ciudad sobre sus necesidades y derechos, bajo el precedente de pertenecer a un sistema democrático. Esta divulgación ha permitido el nacimiento del “derecho a la ciudad”, en palabras de Harvey, éste derecho “es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos cambiando la ciudad”.

Pero, se puede decir que en Colombia ¿podemos acceder a este derecho? Creo que no ha sido así, lo posición neoliberal que ha dominado estos últimos veinte años de gobierno han generado condiciones propicias para la acumulación de capital. Y dado, que la ciudad es el mejor lugar para mezclar estos excedentes que generen plusvalor. En el proceso de urbanización han tomado las riendas quienes participan de dichos excedentes, que en nuestra sociedad son un muy reducido grupo de personas. Ahora bien, y que pasa con los demás ciudadanos. Pues la única solución es poblar los cerros y lugares de poco interés económico para los urbanizadores.

Por eso, es necesario que se divulgue la carta de Rio de Janeiro 2010 donde se hace un llamado ha “reafirmar la ciudades democráticas, sostenibles y humanas. Y se reconoce la necesidad del derecho a la ciudad como un nuevo paradigma político, cultural, económico y socio-ambiental para la reconstrucción de nuestras ciudades y en especial, nuestras dimensiones política y cultural”. La carta es una invitación a reconocer que hoy el mundo se esta haciendo más urbano. Y esta en nuestras manos evitar que siga existiendo el urbano dividido.

* Investigador asociado al CEID y enviado especial al V Foro Urbano Mundial.