Lo público y lo privado II: Los dilemas entre pluralismo e integración social.

Por Sergio Chaparro Hernández*

Jhon Rawls, en su Teoría de la Justicia, intentó responder una pregunta crucial para las sociedades contemporáneas: ¿Cómo es posible garantizar una sociedad bien ordenada aún donde conviven personas con concepciones tan radicalmente distintas sobre el mundo? Y digo que es crucial por cuanto está en el centro de muchos de los conflictos étnicos, religiosos, políticos y culturales que se libran hoy por hoy en distintos lugares del planeta.

Esta pregunta le concierne a palestinos e israelíes, a vascos y españoles, a inmigrantes y nativos en los países desarrollados, a países como el nuestro donde existe una deuda histórica con las comunidades étnicas tradicionalmente excluidas y, por qué no, a venezolanos y colombianos ante la amenaza que puede significar el surgimiento de peligrosos brotes de intolerancia.

La estrategia de Rawls para responder la pregunta fue muy sutil, pero no por ello pasó desapercibida ante los ojos de sus críticos, principalmente los comunitaristas. Repasémoslo brevemente.

Tratando de poner en conceptos el espíritu de las instituciones de la sociedad occidental, Rawls apeló a la distinción público-privado para separar el espacio donde pueden tener juego las creencias y los intereses de cada quien, de aquel donde es necesario abstraerse de las motivaciones propias y pensar cooperativamente en pos de alcanzar la estabilidad social. Rawls no deriva un espacio del otro, como lo hizo por ejemplo Hobbes, pues los sujetos morales son tanto racionales (capaces de perseguir objetivos propios con medios eficaces para hacerlo), como razonables (dotados de sentido de la cooperación y capaces de reconocer el derecho a existir de otras concepciones de mundo y de considerar intereses comunitarios). El espacio público ha de ser el terreno donde, basándose en concepciones políticas de la justicia y no en dogmas religiosos o morales, se discutan los principios que conformarán la estructura básica de la sociedad. Por esta razón, es necesario que este espacio se construya desde una posición original en la cual, a través de ficciones como la del velo de ignorancia, se logren aislar aquellos elementos que puedan propiciar que los principios de justicia se diseñen para favorecer intereses personales, o para incorporar una visión moral particular dentro de la estructura básica de la sociedad. El consenso traslapado, derivado de este ejercicio hipotético, arrojaría como resultado dos principios de justicia destinados, en primer lugar, a garantizar un esquema de libertades en lo privado lo más amplio posible e igual para todos y, en segundo lugar, a establecer la manera en que se podrían admitir desigualdades en los bienes básicos sin cometer injusticias (meritocracia en los cargos, y principio de la diferencia o maximin rawlsiano).

Los comunitaristas reaccionaron apuntando a resaltar que los principios de justicia de este liberalismo rawlsiano, y la concepción política del sujeto que los sustentan, no eran neutrales, pues, ciertamente, establecían un compromiso fuerte con una idea moral de ciudadano propia de la cultura mayoritaria, excluyendo así formas de participación no democráticas, o incluso esquemas de justicia alternativos como los que caracterizan a las sociedades ancestrales. De ahí surgió la necesidad de incorporar en los ordenamientos jurídicos los derechos multiculturales, los cuales incluían la posibilidad de que algunas comunidades tuvieran autonomía política y administrativa o que se rigieran por jurisdicciones especiales. De esta manera se aceptó que algunas diferencias en el ámbito de lo privado pudieran implicar tratamientos diferenciales en lo público.

Esta solución no ha evitado que surjan acaloradas controversias cuando los valores fundamentales de las culturas mayoritarias entran en tensión con los que defienden las minorías. Un ejemplo de ello fue lo sucedido hace poco cuando una comunidad indígena decidió azotar a dos de sus miembros por las acciones cometidas cuando eran integrantes de las fuerzas armadas. La justicia colombiana no admite castigos que impliquen penas físicas, pero para las comunidades indígenas esto sí constituye una forma adecuada de penalización. El presidente Álvaro Uribe protestó enérgicamente contra la decisión de las autoridades indígenas, argumentando que los derechos especiales que tenían las comunidades no podían ser la excusa para que se dieran este tipo de vejámenes contra algunos ciudadanos, así fueran también indígenas. Por su parte, la Corte Constitucional ha resuelto a favor de las comunidades demandas sobre casos similares, privilegiando así los derechos multiculturales sobre otro tipo de derechos que reflejan valores importantes de la cultura política occidental.

Pero esto nos remite a otra serie de problemas que no son fáciles de resolver. ¿Qué actitud deben asumir los gobiernos de Occidente frente a las culturas en las cuales el papel de la mujer, o la forma de educar a los hijos, contradicen los valores de igualdad, respeto y dignidad humana que son tan caros al espíritu político del cual están imbuidas nuestras instituciones? ¿Deben los defensores de derechos humanos admitir, en aras de la tolerancia, que otras culturas vulneren los derechos mínimos de ciertos sectores de la población aún cuando tales sectores acepten esas vulneraciones porque así lo ordena su religión o los principios de su cultura? ¿Es legítimo admitir una guerra como una manera de imponer una cultura que pretenda, precisamente, evitar toda forma de imposición y posibilitar así la igualdad y la libertad?

No voy a ofrecer aquí una respuesta a estas preguntas porque no la tengo. Sin embargo creo que si el ideal de progreso moral de la cultura occidental es, como creo que lo es, el de hacer que nuestras diferencias raciales, sexuales, étnicas, políticas, etc, importen cada vez menos para juzgar el valor de una persona y su derecho a participar en la construcción de comunidad; y si además queremos lograr que tal progreso se dé utilizando el convencimiento y no la imposición, debemos empezar por practicar un tolerantismo militante, es decir, convencer a todos aquellos a quienes sus prejuicios constituyen un motivo de exclusión y de odio contra otras personas de que sus posiciones son realmente absurdas.

Sólo así, quizás sea posible que algún día puedan convivir y dialogar en un mismo espacio un musulmán, una científica psicorrígida y atea fiel al iluminismo y defensora de una única verdad, y un mulato supersticioso que no cape sesión de espiritismo ni ignore agüero alguno y cuya actitud tropical raye en un guapachosismo desbocado.

* Investigador del CEID y Economista de la Universidad Nacional.