Opinión. Lo público y lo privado I: El incierto equilibrio entre sociedad civil y Estado como agentes del cambio social.

Por Sergio Chaparro Hernández*

La extensión de las esferas de lo público y lo privado han definido, en las distintas épocas, aquellos aspectos de la vida social en los que a los individuos y al Estado les está permitido intervenir legítimamente. Lo público se reconoce como un espacio de encuentro donde todos podemos participar sin que se nos reproche que estamos metiendo las narices donde no debemos. Lo privado en cambio, es aquella instancia que está sustraída a las intervenciones arbitrarias de los otros, un espacio que protegemos con recelo y donde consideramos que es nuestra propia voluntad, y no la de los demás, la que debe llevar la voz cantante.

Así planteadas las cosas, quizás parezca que estas definiciones se distancian del uso cotidiano de estos términos, pues la gente identifica lo público con lo estatal y lo privado con lo que los distintos actores de la sociedad civil realizan sin el concurso del Estado (empresas, ONG´s, organizaciones sociales, etc). Mi propósito es el de resaltar que lo público no debe ser visto como algo ajeno a quienes no somos funcionarios del Estado, o no pretendemos serlo a través de la lucha electoral. Lo público, entendido como aquel espacio intersubjetivo que construimos colectivamente, es patrimonio de todos y por lo tanto todos debemos contribuir a protegerlo, o a transformarlo cuando sea necesario. Y lo privado, entendido no como el lugar donde operan los actores distintos al Estado sino como la esfera que está protegida de las injerencias arbitrarias de los otros, no debe verse como algo del todo independiente de lo que sucede en el ámbito de lo público, ni como un lugar donde el Estado no tenga nada que hacer. Lo privado solo se transforma en sociedad, en coordinación con los otros y quizás, en algunas ocasiones, con la ayuda imprescindible del Estado.

Tal vez sea necesario explicarme mejor con un par de ejemplos.

Hoy en día, algunas de las ciencias sociales se encuentran en una encrucijada común: ¿Qué actor debe ser el principal gestor del progreso: la sociedad civil o el Estado? En la economía, por ejemplo, uno de los dilemas centrales es si se requiere más Estado o más mercado. Sin embargo, esta disyuntiva es falsa. La fortaleza de lo uno no tiene porque implicar la debilidad de lo otro. Un sector privado exitoso requiere de una institucionalidad fuerte capaz de garantizar el cumplimiento de los contratos o de integrar al circuito del mercado a una mayor parte de la población a través de la garantía universal de los derechos sociales básicos, también de la existencia de valores públicos que favorezcan el deseo de cooperar, como la confianza en las instituciones, o mecanismos públicos de resolución de conflictos que impidan que se fracture la cohesión social y se entorpezca así el funcionamiento de los mercados.

Por otro lado desde la ciencia política, o la filosofía de orientación marxista, se ha planteado el tema de cuál es el actor que en últimas debe efectuar la emancipación social. Si bien la existencia del Estado se comprende como una forma de dominación social, esta última solo puede eliminarse por la mediación del mismo Estado (en la forma de dictadura del proletariado). De hecho esto es lo que ha separado a la tradición marxista del anarquismo pues mientras la primera considera que la toma del poder es una condición indispensable para superar la dominación, el segundo opta por la autogestión de la sociedad sin el concurso de elementos externos a ella. De manera que el marxismo asigna un papel central al Estado como agente del cambio social mientras que el anarquismo pone el énfasis en las iniciativas que surgen en el seno mismo de la sociedad, las cuales incluso deben pasar por encima del Estado, propender por su destrucción.

De otra parte, existe también una impotencia generalizada para lograr cambios necesarios en el ámbito de lo privado, sobre todo cuando las capacidades de los agentes afectados para suscitar esas transformaciones son muy limitadas. Pensemos por ejemplo en el tema de la violencia contra las mujeres, la cual muchas veces está validada por el miedo y las visiones machistas de las mismas víctimas: “es que fue mi culpa porque yo le hice dar rabia”. La sociedad se convierte en cómplice de este tipo de situaciones por mantener relegado este fenómeno a un tema propio de cada familia y en el cual los otros no tienen por qué meterse. Volver este un tema público donde a través de la discusión de los prejuicios que justifican estas acciones, y la sanción moral a quienes las realizan, se logre influir sobre el ámbito privado, es una actitud más razonable que el esperar pasivamente a que se dé una solución puramente privada, como por ejemplo la de tener la esperanza que las creencias religiosas lograran transformar el pensamiento del victimario. También representa una actitud más responsable que la de delegarle únicamente al Estado la función de prevenir y castigar este tipo de violencia, y afirmar cómodamente que ese no es asunto nuestro. Algo similar ocurre con el tema de la corrupción o la prevención de los demás delitos, pues al afirmar que la responsabilidad recae únicamente sobre el Estado, la sociedad civil termina volviéndose cómplice por omisión, por no contribuir en lo que puede a evitar estos males.

Sin embargo, debemos ser conscientes que, en ciertos contextos como el nuestro, la sociedad civil carece de la fortaleza necesaria para generar iniciativas amplias que contribuyan al progreso social, o que por lo menos asuman una actitud permanente de vigilancia sobre la acción del Estado. Por esta razón no debe desconocerse que el Estado tiene que tener cierto liderazgo. No obstante, quitarle el monopolio al Estado de la transformación del ámbito de lo público, entendido en el sentido amplio que ya hemos mencionado (y con ello de la posibilidad de transformar indirectamente el espacio de lo privado), puede significar un buen comienzo para acelerar los cambios que la sociedad requiere.

* Investigador del CEID y economista de la Universidad Nacional.