Carlos Alberto Suescún*
Ya nos acercamos a un año de entrada en vigor de la reforma tributaria (Ley 1607 de 2012), y con el debate anual de la Ley de Presupuesto, comienzan a aparecer los problemas de siempre, que en gran medida se resumen a la máxima: NO HAY PLATA.
Si los tiempos fueran otros, quizás esto sería sorteable o un problema menor para la administración de turno. No obstante, al gobierno Santos le ha tocado sortear paros y bloqueos en vías realizados por grupos representativos, en particular del sector agropecuario, paros que tienen origen en la misma política gubernamental, sustentada en la exposición indiscriminada al libre comercio y al deterioro de la institucionalidad sectorial. Adicional a esto, en pleno período electoral esto representa un gran problema para el gobierno actual que busca reelegirse, pues en un país donde el clientelismo es una de las formas estructurales de acceso y permanencia en los puestos de poder, que no haya recursos suficientes, sin duda es una gran dificultad.
Por supuesto, el gobierno nacional ha salido a mostrar una cara opuesta de la situación actual y futura, describiendo un escenario de crecimiento y prosperidad. Sin embargo, otra realidad es la que muestran sus cifras y expectativas. En particular se hace referencia al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2013-2024, que es el documento-ruta para la programación presupuestal. Lo que describe este documento elaborado por el Ministerio de Hacienda es que se vienen tiempos difíciles en materia fiscal, pues a la par que disminuirán los ingresos por efecto de la reforma tributaria y el agotamiento de la bonanza minero-energética, se viene un ajuste fiscal de grandes proporciones que afectará el presupuesto de funcionamiento y la inversión pública en los próximos 10 años. Ahora bien, resulta curiosa la subestimación en los cálculos de los reales efectos de los Tratados de Libre Comercio en materia de crecimiento económico y recaudo de ingresos por la actividad externa. No se hacen mayores previsiones en impacto sectorial (ni en agricultura o industria siquiera, que son los más afectados), y sólo se incluyen dos tratados comerciales en el análisis (Estados Unidos y Unión Europea).
La
tasa de crecimiento que se prevé para los próximos 10 años es en promedio del
4,6 %, una tasa pobre en comparación con las promesas gubernamentales por
bondad de los Tratados de Libre Comercio y la misma reforma tributaria.
Recordemos que según el gobierno actual, la Ley 1607 de 2012 iba a generar entre
600.000 y 1.000.000 de empleos y aumentar la tasa de crecimiento del PIB a
niveles cercanos al 6 %. Estos cálculos y metas son difíciles de soportar en las cifras
actuales sobre empleo y crecimiento. Iguales beneficios se le han
endilgado a los tratados bilaterales de comercio y protección de
inversiones, y el balance después de más de un año de entrada en vigencia el TLC con Estados Unidos, es un desastre.
La Locomotora minero-energética (la principal, según establece con claridad la Ley 1450 de 2011- Ley de Plan de Desarrollo 2010-2014), que en gran parte tiene sustento en la actividad petrolera, además de generar grandes problemas ambientales, sociales y económicos, resulta que en los cálculos gubernamentales ya está cumpliendo su ciclo, se está agotando la bonanza de los recursos naturales. Es decir, aún estamos en época de vacas gordas, pero pronto llegarán las flacas.
El cuadro tomado del MFMP, evidencia que la producción petrolera alcanzará su pico en 2019, y a partir de ese año comienza a decrecer. Igualmente se mantiene una previsión bastante optimista sobre el precio del barril de petróleo (105 dólares en promedio), lo cual sin duda estará sometido a la coyuntura mundial explicada por la recuperación de Estados Unidos y la Unión Europea.
Ante tal escenario, no sobra preguntarnos ¿si estamos en las gordas, cómo serán las flacas? Entrando en materia, a continuación se describe el comportamiento del balance del Gobierno Nacional Central (GNC) en materia de ingresos y gastos.
Los Ingresos
El gráfico anterior muestra el comportamiento observado (hasta 2012) y esperado de los ingresos del GNC para los próximos años. Según estos datos oficiales, la
reducción de ingresos del GNC en los próximos 10 años será considerable: de 16,8 % del PIB en 2013 se reducirán a 15,9 % en 2024, situación explicada no
sólo por la caída de la producción petrolera, sino por la desaparición del 4Xmil o Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y la reducción del impuesto al patrimonio.
Esto se corroborá en el balance de fuentes de ingresos (tipo de impuesto). Como se puede notar, el mismo gobierno confiesa que serán más las pérdidas de ingresos que las ganancias originadas por la reforma tributaria y la disminución de la actividad minera. La resta entre los aumentos y las reducciónes nos arrojan un saldo negativo de casi el 1% del PIB en los ingresos.
Ahora bien, este análisis excluye el cumplimiento de nuevas normas en materia fiscal, como las que dispone la Ley 1473 de 2011 o Regla Fiscal. Si los ingresos disminuyen, pero adicional a esto se deben cumplir metas en materia de déficit fiscal (que debe llevar a una dinámica decreciente de la deuda pública, en teoría), el ajuste del gasto debe ser mayor a la caída de los ingresos. Es decir, el apretón va a ser fuerte.
Los Gastos
Entre 2014 y 2024 el gasto del GNC disminuirá 2,5 % del PIB, lo cual es un ajuste brutal (¡!). ¿Qué rubros explicarán este ajuste fiscal? Según cifras del mismo MFMP, los beneficios de la Regla Fiscal en materia de menor carga de endeudamiento (menores gastos por servicio de la deuda) serán del orden del -0,6 %, mientras que el 1,9 % restante lo explicarán reducciones en: inversión pública (-0,7 %), servicios personales (-0,6 %), transferencias a los entes descentralizados (-0,3 %) y gastos generales (-0,3 %).
Así, el ajuste fiscal golpeará la inversión
social (salud, pensiones, etc.), implicará una reestructuración del Estado, que
no es otra cosa que la afectación a instituciones y personal, y adicionalmente
reducirá los ingresos de los entes territoriales.
Sin
duda es un panorama desolador el que nos muestra el gobierno nacional en sus
documentos y cifras, diametralmente opuesto a lo que dicen el presidente Santos
y sus ministros. Quizás desconozcan sus propias publicaciones (principio de buena fe), pero si no es
así, simplemente son mentiras que se le dicen a la población de una manera
irresponsable
Para finalizar este corto y simple análisis, y que puede ser introducción para otra entrada, vale anotar que estos cálculos y proyecciones desconocen el costo del postconflicto, que sin duda acarrea importantes recursos de concretarse la solución negociada al conflicto armado. Pero más allá de preocupar que una de las principales banderas del gobierno actual no sea tenido en cuenta en un documento de mediano plazo, y que se subestime con esto el panorama complicado en materia fiscal; es importante que la ciudadanía vaya cuestionando la política impositiva de la actual administración (que de hecho es coincidente con las anteriores). En un país que busca la paz y la justicia social, un sistema impositivo guiado por los principios constitucionales de progresividad y equidad, es más que necesario. Que no se le ocurra al gobierno de Juan Manuel Santos o a los siguientes descargar el "costo de la paz" en los pobres con mayores impuestos (IVA, impuesto al consumo, IMAN, etc.), mientras los ricos y poderosos gozan de exenciones (disminución de impuesto a la renta, reducción en tributos a ganancias ocasionales, entre otras que estableció la Ley 1607 de 2012), pues se estarían engendrando condiciones objetivas para una profundización del conflicto social que siempre hemos padecido los colombianos, evidenciado en pobreza y desigualdad persistentes.
Las propuestas desde ya deben irse poniendo sobre la mesa, pues las dificultades macroeconómicas y los nuevos (potenciales) gastos van delineando la necesidad de una nueva reforma tributaria. Para inciar, propondría un aumento del impuesto de renta (o al menos una reversión al estado anterior a la Ley 1607 de 2012), un impuesto a las utilidades del sector financiero y la restitución de los parafiscales, esto último como reivindicación social y teórica ante la evidencia de su fracaso en la generación y formalización de empleo digno y decente (medidas que ya tienen precedente de fracaso como la eliminación de las horas extras, el recargo nocturno, y demás supuestos "costos no salariales", entendidos como rigideces del supuesto "mercado laboral").
Las propuestas desde ya deben irse poniendo sobre la mesa, pues las dificultades macroeconómicas y los nuevos (potenciales) gastos van delineando la necesidad de una nueva reforma tributaria. Para inciar, propondría un aumento del impuesto de renta (o al menos una reversión al estado anterior a la Ley 1607 de 2012), un impuesto a las utilidades del sector financiero y la restitución de los parafiscales, esto último como reivindicación social y teórica ante la evidencia de su fracaso en la generación y formalización de empleo digno y decente (medidas que ya tienen precedente de fracaso como la eliminación de las horas extras, el recargo nocturno, y demás supuestos "costos no salariales", entendidos como rigideces del supuesto "mercado laboral").
* Mg. Ciencias económicas, asesor en temas económicos y docente de la Universidad Nacional de Colombia.
