El caso de los Nule revela cómo en Colombia todas las cosas pueden obtenerse con una buena dosis de dinero e influencias. ¿Es posible evitar que este tipo de historias se repitan?
En el 2006 la revista SEMANA publicó un reportaje en el que destacaba el olfato para los negocios y la halconería empresarial de los Nule, a quienes calificó como los nuevos cacaos. Los episodios recientes han mostrado que el enorme prestigio y los millones que estos tres jóvenes costeños habían adquirido no se debían propiamente a un talento excepcional, sino a sus conexiones non sanctas en el oscuro mundo de la contratación pública.
Debo confesar un sentimiento muy personal. Nada me resulta más despreciable que este tipo de personajes que creen que por poseer una cualidad para algo, o unos bienes materiales que otros no tienen, pueden ser los “chachos” en todos los otros ámbitos de la vida. Esto incluye a quienes están convencidos que la fortuna que tienen, o el cargo que ocupan, les dan el derecho de conseguir con dinero o con influencias lo que no se debería obtener por estos medios, o maltratar a quien quieran porque se sienten superiores.
Pero al margen de lo odiosos que pueden resultar estos personajes, considero que este asunto va más allá y tiene que ver con las condiciones sociales que permiten que se cometa cierto tipo de injusticia: la de que a las personas se les otorgue o se les prive de algún bien por razones distintas a las que deberían determinar su distribución.
Por tanto, los correctivos para evitar este tipo de injusticias deben hacer parte de las preocupaciones básicas de toda sociedad. A mi juicio, el remedio más efectivo consiste en modificar las condiciones sociales que permiten que el dinero y las influencias sean los principales factores de ascenso social. Estas no tienen que ver solamente con la facilidad que tiene el poder económico de permear el poder político, sino también con las desigualdades existentes que hacen que las personas estén dispuestas a tolerar o participar en los abusos de los poderosos porque con ello pueden obtener una parte del pastel.
Para que en el sector público la posición social, las relaciones personales o la cantidad de dinero no puedan convertirse en motivos para acceder a cargos o ganar licitaciones es necesario que existan procesos transparentes de selección, de cara a la comunidad, basados en criterios técnicos de evaluación. Reducir la impunidad contra los corruptos también es una manera efectiva de impedir que quienes más dinero poseen sean también quienes puedan modificar las leyes o las decisiones administrativas a su antojo.
Pero para evitar la complicidad o la resignación del resto de ciudadanos ante el abuso de quienes todo lo obtienen por estos medios, es preciso crear las condiciones para que el mérito sea la principal causa de ascenso social y las oportunidades de progreso estén abiertas para todos.
Cuando, por ejemplo, el acceso a bienes sociales de calidad depende de cuánto dinero tengan los ciudadanos, en contextos de debilidad institucional y grandes desigualdades como sucede en Colombia, se le abre la puerta a peligrosas transacciones con la dignidad humana y se le confiere un enorme poder a quienes determinan la repartición de esos bienes. Sólo puede estar sano si tengo dinero para pagarlo; solo puedo ser profesional si tuve la fortuna de nacer en una familia adinerada que puede comprarme una educación de calidad. Pero si no tengo nada de esto, soy más propenso a aceptar el chantaje de quienes puedan brindarme el acceso a estos “derechos” por algo a cambio.
El mercado es un poderoso mecanismo de distribución de muchos bienes. Sin embargo, la cantidad de dinero que las personas posean no debería ser lo que determine su posibilidad de gozar de buena salud o acceder a una educación de calidad. Estos elementos constituyen insumos básicos para la realización de todo ser humano y por lo tanto deberían otorgarse en igualdad de condiciones a cualquier persona en virtud de su sola existencia.
Todos confiamos en que la justicia sancione a los Nule y a quienes fueron cómplices de esa repartición descarada de recursos públicos que fue el cartel de la contratación. Pero quizás un buen comienzo para evitar que los 'nulecitos' del futuro puedan salirse con la suya sea lograr el acceso universal en condiciones de equidad a bienes como la salud y la educación. Tal vez, solo entonces, el dinero dejará de ser esa mercancía todopoderosa que vuelve virtud el vicio y que, como decía Shakespeare, hace sentar a los ladrones con los senadores.
Pero al margen de lo odiosos que pueden resultar estos personajes, considero que este asunto va más allá y tiene que ver con las condiciones sociales que permiten que se cometa cierto tipo de injusticia: la de que a las personas se les otorgue o se les prive de algún bien por razones distintas a las que deberían determinar su distribución.
Por tanto, los correctivos para evitar este tipo de injusticias deben hacer parte de las preocupaciones básicas de toda sociedad. A mi juicio, el remedio más efectivo consiste en modificar las condiciones sociales que permiten que el dinero y las influencias sean los principales factores de ascenso social. Estas no tienen que ver solamente con la facilidad que tiene el poder económico de permear el poder político, sino también con las desigualdades existentes que hacen que las personas estén dispuestas a tolerar o participar en los abusos de los poderosos porque con ello pueden obtener una parte del pastel.
Para que en el sector público la posición social, las relaciones personales o la cantidad de dinero no puedan convertirse en motivos para acceder a cargos o ganar licitaciones es necesario que existan procesos transparentes de selección, de cara a la comunidad, basados en criterios técnicos de evaluación. Reducir la impunidad contra los corruptos también es una manera efectiva de impedir que quienes más dinero poseen sean también quienes puedan modificar las leyes o las decisiones administrativas a su antojo.
Pero para evitar la complicidad o la resignación del resto de ciudadanos ante el abuso de quienes todo lo obtienen por estos medios, es preciso crear las condiciones para que el mérito sea la principal causa de ascenso social y las oportunidades de progreso estén abiertas para todos.
Cuando, por ejemplo, el acceso a bienes sociales de calidad depende de cuánto dinero tengan los ciudadanos, en contextos de debilidad institucional y grandes desigualdades como sucede en Colombia, se le abre la puerta a peligrosas transacciones con la dignidad humana y se le confiere un enorme poder a quienes determinan la repartición de esos bienes. Sólo puede estar sano si tengo dinero para pagarlo; solo puedo ser profesional si tuve la fortuna de nacer en una familia adinerada que puede comprarme una educación de calidad. Pero si no tengo nada de esto, soy más propenso a aceptar el chantaje de quienes puedan brindarme el acceso a estos “derechos” por algo a cambio.
El mercado es un poderoso mecanismo de distribución de muchos bienes. Sin embargo, la cantidad de dinero que las personas posean no debería ser lo que determine su posibilidad de gozar de buena salud o acceder a una educación de calidad. Estos elementos constituyen insumos básicos para la realización de todo ser humano y por lo tanto deberían otorgarse en igualdad de condiciones a cualquier persona en virtud de su sola existencia.
Todos confiamos en que la justicia sancione a los Nule y a quienes fueron cómplices de esa repartición descarada de recursos públicos que fue el cartel de la contratación. Pero quizás un buen comienzo para evitar que los 'nulecitos' del futuro puedan salirse con la suya sea lograr el acceso universal en condiciones de equidad a bienes como la salud y la educación. Tal vez, solo entonces, el dinero dejará de ser esa mercancía todopoderosa que vuelve virtud el vicio y que, como decía Shakespeare, hace sentar a los ladrones con los senadores.
Publicado en Semana.com
