Para reducir la informalidad: Educación superior con equidad

Por: Sergio Chaparro Hernández*


El nuevo Ministro del Trabajo debería ser uno de los más interesados en apoyar las exigencias del movimiento estudiantil.

Por estos días, dos discusiones aparentemente inconexas están en el centro del debate público. La primera se ha dado en las calles, gracias a que los estudiantes universitarios nos han recordado, con sus creativas manifestaciones en favor de una educación gratuita y de calidad para todos, que el espacio público también debe ser un escenario democrático. La otra se da en un lugar donde la democracia se ha mostrado impotente: en las frías oficinas del Ministerio del Trabajo en donde la Comisión de Concertación Salarial repite su ya conocido ritual de final de año para analizar -y ojalá por fin acordar- cuánto debe subir el salario mínimo.

Estos dos debates, en apariencia tan distintos, están, sin embargo, estrechamente relacionados. Sin que parezcan reconocerlo, las preocupaciones de los miembros de esta Comisión por diseñar estrategias que contribuyan a reducir la informalidad hallan su respuesta, felizmente, en las reivindicaciones de los estudiantes. En efecto, la mejor estrategia, actuando por el lado de la oferta laboral, para reducir la informalidad y mejorar los ingresos de los trabajadores consiste en apostar por una política ambiciosa de educación superior. ¿Cómo se explica esta conexión?

Según la teoría económica tradicional, un empresario del sector formal decide contratar a una persona si el aporte que ésta hace al proceso productivo equivale al menos al salario que debe pagarle, en este caso, al salario mínimo (SM). Para una empresa formal no resulta rentable contratar a personas cuya productividad es insuficiente para generar un valor agregado equivalente al menos al SM. Una buena parte de los trabajadores sin educación superior –que representan un 67% de la fuerza laboral en Colombia- tienen productividades inferiores a las del SM. Por esa razón, al sector formal no le interesa contratarlos.

En los últimos 4 años, en las 13 áreas metropolitanas del país no se ha creado un solo empleo formal para trabajadores sin educación superior. Antes bien, entre mayo de 2007 y el mismo mes de 2011 se destruyeron alrededor de seis mil puestos en el sector formal para estos trabajadores. Elsector moderno de la economía, el que genera trabajo formal, le interesa cada vez menos contratar trabajadores sin educación superior: en el año 1996 un 70% de los trabajadores contratados en este sector tenían máximo educación secundaria, mientras que en 2010 solo un 47% estaban en esta condición. En cambio, el sistema educativo ha respondido a estas exigencias del sector formal de manera mucho más lenta: en 1996 un 80% de la fuerza laboral no tenía educación superior, y para 2010 un 67% de los trabajadores continúa sin poder acceder a este derecho.

Es cierto que también hay universitarios o tecnólogos desempleados, o trabajando en oficios que no son acordes con sus niveles educativos. Pero la probabilidad de caer en la informalidad de estos trabajadores es inferior a la de quienes tienen máximo bachillerato completo, y su tasa de desempleo alrededor de dos puntos menor. Además, teniendo bachillerato completo un año de pregrado eleva los ingresos en 18%.

Entonces, de ser cierta la explicación de la informalidad basada en la teoría tradicional, la conclusión más desafiante que se puede extraer de estas cifras no es que haya que dejar que el SM se ajuste a la productividad de los trabajadores poco calificados para que los empresarios los contraten a menor costo, sino, por el contrario, que hay que incrementar la productividad de estos trabajadores, con una política masiva de educación superior –técnica, tecnológica y profesional- de calidad, para que a los empresarios formales les interese contratarlos pagándoles una remuneración digna.

La lógica cortoplacista de algunos economistas debe ser invertida para darle un rostro más humano y contribuir a que de ella se desprendan recomendaciones más estratégicas en función de un proyecto de transformación productiva de largo aliento.

No obstante, en ausencia de la voluntad política para hacer de la educación pública superior un derecho universal, deben pensarse mecanismos para que el aumento de la cobertura se concentre en la población de menores ingresos. Hoy, en las universidades públicas, el 61% de los alumnos pertenece al 40% más rico de la población. Por lo tanto, la discusión sobre el financiamiento tiene que reconocer que hay que diseñar estrategias para garantizar que la oferta estatal subsidiada beneficie, principalmente, al 60% más pobre. Pensar en cómo facilitar el acceso de los habitantes rurales, por ejemplo, es un tema pendiente de una agenda seria por el empleo y por una educación superior con equidad.

Aumentar considerablemente los recursos para incrementar la cobertura de la educación superior sin deteriorar la calidad, no tendría porque requerir mayor justificación que la importancia autónoma de garantizarle este derecho a toda la juventud colombiana. Sin embargo, como al gobierno no le parece esto suficiente para convencerse, es importante que sepa que si se decide a invertirle a la educación también podrá reducir la informalidad para tener, por fin, buenas cifras que mostrar en este campo, así como le gusta. Así que Pardo, amigo, únase al montón que su hijo es estudiante y usted trabajador.

*Investigador del CEID.  

La doble personalidad del Estado

Por: Sergio Chaparro Hernández*

Cuando de hablar del respeto a los derechos laborales se trata, la retórica de los gobiernos no tiene límites; pero a la hora de contratar el Estado es el primero en vulnerar los derechos de los trabajadores. ¿Será diferente ahora?

Cada vez que Uribe daba un discurso para defender alguno de los TLC´s que se negociaron durante su gobierno, no ahorraba en palabras expresando su compromiso con los derechos de los trabajadores.

Pero fue durante su gobierno que se realizaron masivos procesos de reestructuración en los que los servidores públicos pasaron a ser vinculados a las mismas entidades a través de cooperativas de trabajo asociado, con menores garantías laborales y posibilidades nulas de sindicalizarse. Fue durante su gobierno cuando se expidió un decreto que le permitía a las Empresas Sociales del Estado contratar todos sus servicios mediante operadores externos, el cual fue declarado nulo por el Consejo de Estado. Fue durante su gobierno, cuando las nóminas paralelas de las entidades públicas crecieron de forma desbordada, a tal punto que en entidades como el SENA había en 2010 más de 25.067 contratos de prestación de servicios, mientras que los trabajadores de planta eran apenas 6.904. Y ni hablar de la Contraloría, del DNP o del DANE.

Esto evidencia que en el tema de los derechos laborales el gobierno pasado tenía una doble identidad: una como culebrero y otra como empleador. La primera es la que asumía cuando daba discursos, iba a los actos simbólicos, o firmaba TLC´s. Se adornaba de palabras bonitas, ponía cara de yo no fui y convencía –o más bien estafaba- a todo el mundo. La segunda en cambio era la que trataba de ocultar, la que asumía secreta y silenciosamente pero, al fin y al cabo, la más genuina. Era la que salía descarnadamente a la luz cuando legislaba, o cuando militarizaba los hospitales para despedir trabajadores en las reestructuraciones. La que utilizaba cuando presionaba a los trabajadores despedidos para que se vincularan a cooperativas y pudieran seguir prestando sus servicios en las mismas entidades, solo que con garantías laborales sustancialmente recortadas.

El gobierno de Santos no se ha quedado atrás en cuanto a discursos y actos simbólicos sobre este tema. De hecho pareciera que la retórica sindical de Angelino hubiera contagiado incluso a los que hace un tiempo se contaban entre los peores villanos teóricos del sindicalismo: el Ministro de Protección Social y el Ministro de Hacienda, quienes en su papel de académicos e investigadores no paraban de insistir en la necesidad de desmontar las rigideces del mercado laboral, y hoy ya firman acuerdos laborales sellados con fervorosos abrazos con Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores y quizás futuro ministro del trabajo.

Pero a diferencia del gobierno anterior, la actitud de Santos ha ido más allá de los discursos y ha logrado concretarse al menos en importantes iniciativas normativas. Prueba de ello es la aprobación del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, y su decreto reglamentario 2025 de 2011, expedido en junio de este año. Estas normas prohíben a las entidades públicas o privadas contratar a través de Cooperativas de Trabajo Asociado, o cualquier otra modalidad que vulnere los derechos de los trabajadores, la realización de funciones misionales permanentes.

Lo dispuesto en esta norma plantea un enorme desafío para el gobierno, pues habría que corregir la ilegalidad de las estructuras de contratación hoy vigentes en muchas entidades. Ya el Congreso eliminó el congelamiento de la nómina de las entidades estatales que había sido establecido en el año 2000. Pero, por solo mencionar un ejemplo, en el sector salud el personal médico (especialistas, enfermer@s, anestesiólog@s) que actualmente cumple funciones permanentes mediantes contratos de prestación de servicios, o cooperativas, tendría que ser incorporado a la planta de personal. Esto significaría reversar los ya muy avanzados procesos de tercerización laboral realizados por gobiernos anteriores con las reestructuraciones, lo cual implica destinar una importante suma de recursos para contratar a estos profesionales, bajo condiciones dignas, en los hospitales públicos.

El verdadero compromiso con los derechos laborales empezará cuando el Estado dé ejemplo en su papel de empleador al resto del sector privado. ¿Estará Santos dispuesto a superar la doble moral de su antecesor?

* Investigador de DeJuSticia e integrante del CEID.

Elecciones locales... Una fiesta democrática

 Por David Ernesto González Ruiz

“Al fin de cuentas, en una democracia políticos somos todos, directamente o por representación de otros. Los más probable es que los políticos se nos parezcan mucho a quienes les votamos, quizá incluso demasiado; si fuesen muy distintos a nosotros, mucho peores o exageradamente mejores que el resto, seguro que no les elegiríamos para representarnos en el gobierno”. [Fernando Savater, Ética para Amador]

En estos tiempos – y quisiera saber si en otros – cuando se habla de política se genera cierta desconfianza en el hilo de la conversación, que muchas veces es mejor cambiar de tema abruptamente para evitar malentendidos. Y en tanto, las recientes noticias de carteles y carteles de corrupción en las administraciones locales, el conflicto de intereses en las decisiones nacionales y el clientelismo enquistado en la clase dirigente ponen de manifiesto que “algo” anda mal en la sociedad colombiana…. ¿o en la política colombiana? Pero, que para el ciudadano medio no es un tema de profundo debate.

En el presente artículo quisiera: 1) Mostrar al lector que el ciudadano debe estar pendiente de los temas políticos locales si desea que su comunidad progrese. 2) Que son los políticos (entendidos como “stakeholders”) quienes configuran la estructura institucional en una sociedad. Ellos en su calidad de “tomadores de decisiones” son quienes pueden experimentar en y guiar una sociedad; además, la cultura actúa como un dispositivo coordinador de creencias, es decir, la cultura coordina lo que la gente cree acerca de los demás, por lo tanto, es pieza generadora de confianza. Todo esto, con el fin último de propiciar la participación activa del ciudadano en la política – así sea en la política local – y un poco desmitificar la mala fama de lo políticos en el imaginario colectivo. O es que acaso en una democracia, ¿políticos no somos todos?

Res publica, “La cosa pública, la que concierne a todos”

“En Colombia hace tiempo que existen elecciones (“la democracia más antigua y estable de América Latina”) pero nunca o casi nunca ha existido la política.” Hernando Gómez Buendía.

En la antigüedad, la ciudad-estado de los griegos estaba permeada por una democracia cuyo ejercicio la ejercían los ciudadanos de la polis. Ellos – que francamente eran pocos – dedicaban la mayor parte de su tiempo en discutir en el “ágora” los temas públicos y la forma de gobernar su ciudad, ya que contaban con un modelo social que permitía esclavitud y servidumbre para encargarse de los quehaceres básicos. Además, lo cargos públicos tenían una alta rotación. Según estudios de Richard Sennet en su libro Carne y piedra cada ciudadano tenía por los menos tres momentos en los que ocupaba un cargo público durante su vida. Este modelo de democracia directa y horizontal funcionaba bien en la época dado el escaso número de ciudadanos que habitaban dichos conglomerados.

A medida que economías de escala influían en la acumulación de capital y la generación de riqueza, el incremento demográfico hizo difícil la aplicación de este modelo de organización política. Se paso de una democracia directa con participación permanente del ciudadano a la democracia representativa que actualmente rige nuestro modelo político. Este cambio, delega el poder de muchos ciudadanos en unos pocos a quienes el Estado garantiza un ingreso para poder dedicarse única y exclusivamente a los asuntos públicos. La cuestión, es que en Colombia “la motivación más generalizada para participar en la vida política es la acumulación de riqueza y de poder, no la propuesta de una gestión pública que mejore la vida de las comunidades y consolide un Estado responsable y profesional”[1]. Entonces, ¿es pertinente volver a una democracia directa como la practicada por los griegos? (Ésta pregunta no es descabellada dado que muchos teóricos en ciencias políticas proponen la “Democracia Participativa” como la panacea) La evidente respuesta es no, debido al alto número de personas que habitan una ciudad y a la perdida de eficiencia e incremento en costos transaccionales que esto implicaría. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para profesionalizar el oficio político y generar en los candidatos a estos cargos conciencia colectiva?

El poder – entendido como deliberación pública y toma de decisiones gubernamentales – siempre ha estado titulado al pueblo, en el momento en que éste pasa a los representantes, el ciudadano que no es representante debe ejercer control a quienes fueron elegidos para llevar la vocería y por lo tanto tiene cabida en el “partido político”. Los partidos políticos son las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de los principios que profesan, en las diferentes corporaciones públicas. Especialmente (y es por éste motivo que surgieron en Inglaterra) a las corporaciones de la rama legislativa, quienes en últimas son los encargados de presentar, debatir y aprobar proyectos, leyes y acuerdos que definen la ruta a seguir de los gerentes del estado, es decir, la rama ejecutiva. Y en Colombia, la cultura y educación política del ciudadano medio no permite una estructura fuerte que fiscalice y controle la actuación de los congresistas, diputados y concejales ya que es sólo mediante la lógica partidista que se pueden controlar. Porque para presidente, gobernadores y alcaldes son los ciudadanos mediante la movilización civil - apoyados en las facultades de los legislativos quienes pueden citar a debates de control político a funcionarios directamente encargados de la ejecución de políticas públicas - los encargados de hacerse sentir y expresar inconformidades.

La cadena de control social participativo en lo local debe estar compuesta por el ciudadano quien se encarga de trasmitir al concejal las iniciativas, necesidades de la comunidad para que sean debatidas y se lleguen a consensos en la corporación. Además son los concejales quienes tienen la potestad de citar la cúpula de la rama ejecutiva del gobierno local, entendida como alcalde, secretarios de despachos, policía, contralor, personero, etc.

Elecciones de gobiernos locales

Como anteriormente se esboza el “status quo” denota una cierta organización en la comunidad estructurado por los hechos históricos Mediante la constitución es posible que todas las personas que habitan un territorio puedan entenderse y establecer las normas y reglas que han de regirles. Y dentro de éstas reglas encontramos todo el sistema político colombiano. Es allí, donde se debe actuar como sociedad. Es un deber de todo ciudadano votar en las próximas elecciones del 30 de Octubre, ya que se eligen los gobiernos locales, que en orden de importancia ocupan el primer lugar, ya que es la base del sistema político y es donde se configura la identidad ciudadana y se construye capital social. Por lo tanto, los cargos públicos de elección popular que pertenecen a la rama ejecutiva (gobernadores y alcaldes) tienen la posibilidad de ejecutar políticas públicas. Las políticas públicas son la magia de la política, es la piedra filosofal del alquimista, la herramienta que convierte al político en científico social; no sin antes aclarar, que en todo espectáculo de magia se deben configurar ciertos actores para que la función tenga éxito. Y es la ciudadanía quien estimula el comportamiento del gobernador o el alcalde a que asuma el rol de científico social y estadista o se deje seducir por la mediocridad de la demagogia y politiquería. Por esto, no es de poca monta la fiesta democrática que prepara el país y se dispone a disfrutar este 30 de Octubre, esta en manos de todos y todas no solo exigir derechos sino cumplir con los deberes y demostrar el amor y compromiso con el territorio que se habita… ya se por nacimiento, crianza o adopción.

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[1] Celis, Luis Eduardo. Tomado de: http://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2351-participacion-politica-fragil-democracia-precaria.html

Email: degonzalezru@unal.edu.co

Opinión: Feliz día de la Independencia... COLOMBIA

Por David Ernesto González Ruiz

Yo nací en 1988, en una sociedad en la que cada individuo respondía al gentilicio de colombiano y colombiana. Por ahí en los años de Pablo Escobar, el capo de capos según todo extranjero, ídolo en Argentina y en muchos países más. He vivido en medio de una guerra que en sus inicios reclamaba la inclusión del campesino en el modelo económico pero que al pasar del tiempo se deformó en mafias dedicadas al cultivo, producción, comercialización y tráfico de drogas… Sí, esas drogas que tanto daño le han hecho al mundo, pero no por sus efectos en el ser humano, sino por la estigmatización colectiva a que se han visto sometidas. Por la codicia de grandes potencias en controlarlo todo, en declarar “la guerra contra las drogas” como pretexto para la neocolonización. ¡Lastima! Que nuestra sociedad sea el primer aliado en esta guerra tan absurda. Sí, en ese país nací yo, Colombia, que en el día de hoy conmemora 201 años de independencia, 201 años alejados del sometimiento español… ¿Doscientos un años de autonomía?

Las sociedades y los pueblos se consideran autónomos en la medida en que sus gobernantes pueden tomar decisiones libres, concientes de que lo elegido es lo mejor para el colectivo, sin presiones externas y en pleno uso de sus soberanía. Por eso me pregunto ¿es justo celebrar otro año de independencia colombiana en medio de escándalos de corrupción, donde la mitad de su población es pobre, donde la vida no se respeta y no existe credibilidad en las instituciones? ¿Es digno celebrar otro año más de independencia en una sociedad indiferente, que solo piensa en el bienestar individual y muy poco o casi nada en el bienestar colectivo? ¿Es honorable celebrar otro año más de independencia en un país donde la educación es para la descendencia de las élites, donde la movilidad social es nula, donde miles de compatriotas deciden emigrar porque sus ciudades no son capaces de garantizarles el derecho a trabajar dignamente para poder subsistir en esta sociedad de consumo?

La verdad me han dicho que “Colombia es pasión”; que ponerse un sombrero vueltiao, unas alpargatas, vestir poncho y carriel, que eso es pasión. Los medios me dicen que tener el mejor café del mundo, poseer las tierras más fértiles, encontrar en cada esquina una mujer bonita, ser el país más feliz del mundo, Juanes y Shakira es motivo de orgullo. Pero la verdad… mi verdad, es que el reconocimiento internacional que hemos ganado se ve representado en la cocaína, la guerrilla y la violencia que predomina en el país. Es normal, cuando se sale del país y dices que eres colombiano tener que enfrentarte a la pregunta malintencionada y estúpida que formula el extranjero… ¿Tienes coca?... Muchas veces me he tenido que contener para no responder como debería: “No la tengo, pero si la tuviera te vendería una tonelada para que cada célula tuya se intoxique; ya que en mi país la gran mayoría de las personas no buscan la felicidad en esas porquerías. Estamos a un nivel tan alto gracias a nuestro paisaje, nuestra cultura que solo la cultivamos para que ustedes se la consuman toda”.

Y noto que en ese momento realmente existe la pasión por Colombia, por defender al país que me vio nacer. En mi lógica, la pasión es fruto de la indignación. Pero ¿por qué no existe indignación en el pueblo colombiano dadas tantas fuentes para indignarse? o acaso, ¿es que somos una sociedad indiferente? ¿no es motivo de indignación que un joven se gradúe y no encuentre trabajo? O tal vez, ¿no es motivo de indignación que desde el presidente en adelante roben y desangren las arcas públicas, el dinero tuyo y mío?

Los jóvenes españoles han dado muestras de una nueva forma de lucha, una forma no violenta de protestar por la sociedad indiferente y desalmada en que tenemos que vivir los jóvenes colombianos, una nueva forma, el estar INDIGNADO… Acaso ¿no somos nosotros el futuro del país? Y de cual país estamos hablando. Solo el país de Sarmiento Angulo, Ardila Lule y compañía. O hablamos del país de cuarenta y cinco millones de personas que convivimos día tras día una cruda realidad. “Cambiar es resistir y resistir es cambiar” nos grita Stéphane Hessel. Es por esto, que estoy de acuerdo con ese lema de que “Colombia es pasión” pero partiendo de la indignación. ¡INDÍGNATE!

¿AFECTA A LOS TERRATENIENTES EL ALZA DEL IMPUESTO PREDIAL ESTIPULADO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO?

Por: Carlos Suescún 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014, pasará a la historia como una norma que reformó más de una decena de leyes de todo tipo, entre las que sobresalen la ley 160 de 1994 que trata de la reforma agraria, leyes que regulan el mercado laboral, e inclusive se contempló la idea de reformar el actual régimen pensional aumentando la edad de jubilación en hombres y mujeres. En tal sentido, este artículo refiere a un ítem de reforma tributaria incluido en el PND consistente en el alza en la tarifa mínima del impuesto predial.

El artículo 23 del Plan Nacional de Desarrollo aprobado por las dos cámaras el pasado 26 de abril, que ya fue conciliado y que pasó a sanción presidencial, estipula:

Artículo 23. Incremento de la tarifa mínima del impuesto predial unificado. El artículo 4° de la Ley 44 de 1990 quedará así:

Artículo 4°. La tarifa del impuesto predial unificado, a que se refiere la presente ley, será fijada por los respectivos Concejos municipales y distritales y oscilará entre el 5 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo.

Las tarifas deberán establecerse en cada municipio o distrito de manera diferencial y progresiva, teniendo en cuenta factores tales como:

6. Los estratos socioeconómicos.

7. Los usos del suelo en el sector urbano.

8. La antigüedad de la formación o actualización del Catastro.

9. El rango de área.

10. Avalúo Catastral.

A la propiedad inmueble urbana con destino económico habitacional o rural con destino económico agropecuario estrato 1, 2 y 3 y cuyo precio sea inferior a ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMLMV), se le aplicará las tarifas que establezca el respectivo Concejo Municipal o Distrital a partir del 2012 entre el 1 por mil y el 16 por mil.

El incremento de la tarifa se aplicará a partir del año 2012 de la siguiente manera: Para el 2012 el mínimo será el 3 por mil, en el 2013 el 4 por mil y en el 2014 el 5 por mil. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior para los estratos 1, 2 y 3.

A partir del año en el cual entren en aplicación las modificaciones de las tarifas, el cobro total del impuesto predial unificado resultante con base en ellas, no podrá exceder del 25% del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior, excepto en los casos que corresponda a cambios de los elementos físicos o económicos que se identifique en los procesos de actualización del Catastro.

Las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados teniendo en cuenta lo estatuido por la Ley 09 de 1989, y a los urbanizados no edificados, podrán ser superiores al límite señalado en el primer inciso de este artículo, sin que excedan del 33 por mil.

Parágrafo 1°. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 44 de 1990, modificado por el artículo 184 de la Ley 223 de 1995, la tarifa aplicable para resguardos indígenas será la resultante del promedio ponderado de las tarifas definidas para los demás predios del respectivo municipio o distrito, según la metodología que expida el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.

Parágrafo 2°. Todo bien de uso público será excluido del impuesto predial, salvo aquellos que se encuentren expresamente gravados por la ley. (Gaceta del Congreso No. 209 de 2011, página 18. Subrayados propios).

Antes de iniciar la argumentación acerca de la inconveniencia técnica, el carácter regresivo y la inocuidad de alcance de recaudo de esta medida, se debe dejar claro que la intensión principal de este artículo no es propugnar por una reducción del impuesto o mantenerlo en sus niveles actuales[1], pues las cifras fiscales para Colombia en la actualidad muestran una baja carga impositiva directa (renta, predial, patrimonio, entre otros) que debe ser objeto de estudio para elevar su contribución a las arcas de los distintos niveles de gobierno. Con esta precisión, el análisis incluye tres aspectos problemáticos principales de este artículo de reforma tributaria contenido en el Plan Nacional de Desarrollo que se desarrollarán uno por uno, haciendo especial énfasis en el primero de ellos. En primer lugar, se argumentará sobre el carácter regresivo de la medida; en segundo lugar, se analiza el beneficio directo a la renta (de la tierra) y el desestimulo que puede generar a la producción; y en tercer lugar las limitaciones del recaudo por la dinámica misma de concentración de la tierra, la desactualización catastral y otros factores adicionales.

Cuando se examina con detenimiento el alcance de la medida, y se compara con otras cifras relacionadas, inmediatamente se recuerdan las “cuentas erróneas” de las que habla Krugman son argucias de “autores muy inteligentes” (como de algunos economistas, gremio al que pertenezco, y a veces con cierta vergüenza por lo que hacen algunos colegas) para sustentar ideas contradictorias con un objetivo particular no demostrable. En esta lógica, Krugman afirma que en la exposición y argumentación de estos “autores inteligentes”:

“Se hacen afirmaciones que suenan como si fueran pronunciamientos cuantificables acerca de la medición de magnitudes, pero los autores no presentan datos para respaldar las cifras y por tanto no se dan cuenta que los números actuales contradicen sus afirmaciones. O se presentan datos que supuestamente respaldan una aserción, pero luego el escritor no se da cuenta que sus propios números contradicen lo que está afirmando.” (Krugman, 1994, pp. 35)

No se sabe si por omisión, desconocimiento o porque simplemente así lo quiso (eso pretendía), el Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, con “cuentas erróneas” defendió a capa y espada la aprobación de este artículo ante la arremetida de algunos congresistas detractores en el debate a este proyecto de ley fundamental, y su argumento fue que “el que no apruebe esta medida, es un defensor de los terratenientes”, puesto que la reforma supuestamente afectaba a los grandes propietarios y protegía del alza a los pequeños y medianos. Las “cuentas erróneas” en este caso son de los dos tipos en la clasificación de Krugman, por un lado es una afirmación sin respaldo en cifras; y también lo es del segundo tipo, porque la discriminación que hace el artículo por focalización y progresividad en realidad no se cumple. Para efectos de argumentación y siguiendo a Krugman, concentremos el análisis en la segunda tipología únicamente evaluando los efectos en el sector rural (y en razón de que se habla de terratenientes).

El artículo referido establece que a “la propiedad inmueble urbana con destino económico habitacional o rural con destino económico agropecuario estrato 1, 2 y 3 y cuyo precio sea inferior a ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMLMV), se le aplicará las tarifas que establezca el respectivo Concejo Municipal o Distrital a partir del 2012 entre el 1 por mil y el 16 por mil”.  Es decir, se plantea que se focalice el alza en la tarifa del predial en el rango del 5 por mil al 16 por mil, a los estratos superiores al 3 y a predios cuyo avalúo sea superior a 135 SMLMV.

135 SMLMV haciendo un simple cálculo aritmético para el salario fijado para el año 2011 asciende a la cifra de $72.427.500, ¿Es esta cifra lo suficientemente alta para cubrir del alza a los pequeños propietarios, y castigar a los terratenientes como pretende el Ministro de Hacienda?

Un análisis a los principales hallazgos de un serio y valioso estudio desarrollado entre otros por los investigadores Salomón Kalmanovitz y Camilo González Posso, titulado “Unidades Agrícolas Familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia”,  revela que:

“Se ha mencionado ya que la inequidad del avalúo se traduce en inequidad en el pago de impuesto predial. Esto se observa también si se toma como referencia la UAF en cada rango: en el 2009 una UAF de microfundio registra un promedio de avalúo catastral de 74,1 millones de pesos, mientras que una UAF de gran propiedad está avaluada en 14,4 millones de pesos (…) Esto se puede leer en equivalentes monetarios y, si el pago de impuestos por UAF se asume uniforme, los microfundistas pagan cinco veces más impuestos que los grandes propietarios. Esta brecha puede ser mayor teniendo en cuenta que en la gran propiedad se tiende a mantener una UAF promedio de mayor tamaño.” (Gonzáles Posso, et al., 2011, pp. 29).

Sin necesidad de hacer un ajuste de precios de los avalúos frente a los precios de 2010, así como a la posible dinámica del IPC en 2011, la siguiente desigualdad se mantendría: $72.427.500 < $74.100.0000 (pues este avalúo promedio estimado en el estudio es para el año 2009, 2 años atrás, por lo que una actualización por mero ajuste de precios llegaría a aproximadamente $78 millones). Es decir, el monto de 135 SMLMV que se establece como límite para salvaguardar a los pequeños y más pobres propietarios en realidad no es tal, pues al ser el promedio del avalúo de una UAF de microfundio que corresponde a propiedades con extensión menor a media Unidad Agrícola Familiar  - 0,5 UAF que representan el cerca del 80% de los propietarios rurales - (Ibíd., pp. 25) mayor al límite propuesto en el artículo, entrarían los titulares de estas propiedades a ser sujetos del ajuste en el impuesto. Y en línea con lo anterior, si la tipología de propiedad de menor nivel (el microfundio) no se salva del aumento de la tarifa, mucho menos se salvaguarda la pequeña (0,5 a 2 UAF) propiedad.

Ahora bien, hasta aquí no habría regresividad en el sentido estricto, sólo una mentira en cuanto a quienes estarían sujetos de menor cobro, es decir, una especie de mala fe sumado a un atropello del principio de equidad. Sin embargo, citando nuevamente el estudio de Kalmanovitz y González:

 “En 2009, por ejemplo, el avalúo catastral de una hectárea en gran propiedad es siete veces menor que el avalúo de un microfundio, 3 veces menor que el avalúo de una pequeña propiedad, y 3,3 veces menor que el de una mediana propiedad” (Ibíd., 28).

Así, si resulta falso que la tarifa discrimina por estrato y avalúo, como ya se demostró atrás porque la supuesta focalización no se dará en realidad, este cobro uniforme sobre un diferencial de 7 veces en el avalúo entre los dos extremos de relaciones de propiedad, configura un carácter regresivo del impuesto. Y la cuestión es simple, si la tarifa es la misma en un ente determinado tanto para gran propiedad como para microfundios, pequeña propiedad, etc., y existe por hectárea tal desproporción en los avalúos en beneficio de la gran propiedad, la carga del tributo es absorbida en mayor proporción con relación al patrimonio por los menos favorecidos, esto es, por los pequeños propietarios. Esta medida por tanto, a la luz de la norma suprema sería  inconstitucional, ya que la carta del 1991 en su artículo 363, establece:

“El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y

progresividad.”

Este carácter regresivo tiene su origen en un despropósito desde la técnica de cualquier forma tributaria, y es la falta de claridad sobre el sujeto de cobro (que se señalará más adelante), la base de cobro y los ajustes adicionales. Es de notar que el artículo establece el aumento progresivo desde máximo un 25% en relación al año inmediatamente anterior, pero esto se hace partiendo de un mínimo en el cobro de la tarifa para cada uno de los años contemplados, a la vez que plantea que ese aumento del 25% dependerá de la actualización del catastro, es decir, aminora pero mantiene la regresividad. En otras palabras, primero se define el aumento de la tarifa y luego se actualiza la base, que en este caso corresponde al avalúo del predio, es decir, que parafraseando lo que dice un refrán popular se está montando primero antes de ensillar.

Un segundo aspecto problemático de un alza del cobro de este impuesto, en especial para el sector rural, es que puede afectar de manera considerable la producción agropecuaria. La razón principal es que en el caso colombiano, la gran propiedad no tiene propiamente un uso productivo, por lo que en términos Ricardianos un aumento del tributo afectaría relativamente más los beneficios y marginalmente a la renta[2]. Ahora bien, en concordancia con la evidencia empírica y el desarrollo teórico de expertos como Albert Berry, que demuestran que la pequeña unidad de producción agropecuaria es más productiva que la gran propiedad, siendo diversos estudios validadores de esta hipótesis en el caso colombiano, esta medida no es conveniente y menos aún con las pretensiones del Ministerio de Hacienda (de ser “anti-terrateniente”). Forero et al. (2006), por ejemplo, y otras investigaciones han mostrado que la pequeña propiedad de vocación productiva, explotada por campesinos, representa cerca del 60% de la producción agrícola y 30% de la producción pecuaria. Así, un alza del predial es una carga adicional a los costos agregados del pequeño productor, mientras para un terrateniente su impacto es marginal, y específicamente (siguiendo la investigación de Kalmanowitz et al.) en términos relativos 7 veces menor.

Por último, un aumento del predial en las condiciones actuales de actualización catastral, sumado a que a nivel municipal este impuesto es un estímulo a relaciones políticas clientelares como lo han demostrado estudios acerca de la significativa brecha entre las tarifas nominales y las efectivas, los efectos en términos de recaudo y eficiencia probablemente sean intrascendentes[3]. Ante el contexto particular reciente y actual de la informalidad rural, el rezago catastral y la evasión a este impuesto, lo correcto sería primero actualizar los catastros en los diferentes entes territoriales y mejorar la estructura y administración de recaudo, lo cual de por sí, a las tarifas actuales mejoraría el recaudo; y si fuera el caso, aumentar la tarifa no generaría ni “cuentas erróneas” ni efectos negativos como la regresividad implícita, y por el contrario haría más transparente y eficaz la tributación en cuanto a la recaudación y el efecto redistributivo que se pretende en este caso del impuesto predial.

[1] Aunque valga la pena anotar, el actual presidente Juan Manuel Santos en campaña prometió no subir impuestos, y por ende esta es entonces una evidencia de "promesas" incumplidas.

[2] RICARDO, David (1817). “Principios de economía política y tributación”, FCE, México, 1993. Capítulo II.

[3] BANCO DE LA REPÚBLICA (2003). “El impuesto predial en Colombia: evolución reciente, comportamiento de  las tarifas y potencial de recaudo”, Borradores de Economía No 274.

BIBLIOGRAFÍA REFERENCIADA

BANCO DE LA REPÚBLICA (2003). “El impuesto predial en Colombia: evolución reciente, comportamiento de  las tarifas y potencial de recaudo”, Borradores de Economía No 274.

FORERO, Jaime, et al. (2006). “Bogotá: autonomía agroalimentaria”, Planeta Paz, documentos de política pública para la paz. Disponible en: http://www.planetapaz.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=57&Itemid=14 (Revisado por última vez: 18 de Mayo de 2011).

GONZÁLEZ POSSO, C., & et al. (2011). Unidades Agrícolas Familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia. Bogotá, Colombia: Acción Social de la Presidencia de la República.

KRUGMAN, Paul (1994). “Competitiveness: A Dangerous Obsession”, Foreign Affairs  (73) Disponible en: http://www.ucema.edu.ar/u/agaletto/krugman_competitiveness.pdf (Revisado por última vez: 18 de Mayo de 2011).

RICARDO, David (1817). “Principios de economía política y tributación”, FCE, México, 1993.

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¿PERDÓN Y OLVIDO?

Por: Andrés Fuerte Posada *


¡Ni perdón ni olvido! Es una de las famosas arengas revolucionarias. Y es también la reflexión que se deben hacer los demócratas de izquierda en Colombia por estos días.

La reciente orden de detención al Senador Iván Moreno y la suspensión temporal del Alcalde Mayor de Bogotá Iván Moreno Rojas, ambos militantes del Polo Democrático Alternativo, cuestiona la integridad de este movimiento y genera incertidumbres sobre su futuro inmediato. El primero, está detenido como medida cautelar por su presunta participación en el llamado “Carrusel de la contratación”; el otro, suspendido por omisión y falta de control de los recursos públicos del distrito, invertidos en obras de infraestructura.

Este tipo de noticias son tristemente frecuentes en Colombia, donde la clase dirigente ha sido constantemente incompetente y ha estado relacionada con el crimen en diferentes escándalos. Sin embargo, en esta ocasión hay una ligera diferencia: no se trata de políticos de los partidos tradicionales ni de alguna de las curiosas reorganizaciones de los mismos. Esta vez se trata del PDA, un partido de izquierda que se postula como una alternativa a los vicios de la política tradicional colombina.

Quizás justamente por esta característica, la de ser de izquierda, las acusaciones, investigaciones y sanciones se han dado de manera tan ágil y diligente, al punto de generar sospechas sobre la legitimidad, constitucionalidad y acato al debido proceso en las recientes determinaciones. El Procurador General (responsable de la sanción al alcalde) ha sido cuestionado desde el inicio de su gestión por seguir apasionamientos políticos y religiosos y actuar con subjetividad (V. gr. su concepto frente al referendo re – reeleccionista, su posición frente al aborto o la sanción a la congresista Piedad Córdoba). También es sospechosa la influencia de los medios de comunicación, que nunca antes se habían mostrado tan vigilantes de la gestión pública como con la presente administración distrital y que, desde hace meses y sin juzgamiento previo, han dictaminado la existencia de un cartel de la contratación en la ciudad, que involucra a la familia Moreno Rojas.

Al margen de la presunta persecución, algo ha andado mal en el gobierno de Moreno. El rechazo y la desconexión con la ciudadanía son evidentes, principalmente por las inminentes demoras en las obras de infraestructura, que causan un tremendo malestar en la gente y que se manifiesta en la animadversión hacia el Alcalde. Hasta qué punto esta situación es responsabilidad de los contratistas (los hoy detenidos miembros del Grupo Nule), hasta qué punto obedece a corrupción en la adjudicación de los contratos y hasta qué punto es responsabilidad directa de la administración distrital y de los hermanos Moreno en particular es algo que el tiempo y la justicia determinarán. Lo cierto es que su gestión no ha sido buena y los cuestionamientos han llegado al punto de afectar la gobernabilidad de la ciudad.

Si se tratara de otro partido, sus dirigentes continuarían con su vida de manera tranquila y los votos le seguirían llegado como hasta ahora. Pero por ser el Alcalde y el Congresista en cuestión miembros del PDA, es necesario hacer una reflexión sobre la responsabilidad del partido en estos hechos. Como se ha repetido constantemente por estos días, las responsabilidades judiciales son individuales, por tanto no cabría una responsabilidad colectiva al partido; más aún al tratarse del Polo, una organización que más que un partido es una asociación de diferentes movimientos y por tanto, otras tendencias como el MOIR o el Partido Comunista no tienen una relación directa con los Moreno y su corriente, la ANAPO. Sin embargo, caben otro tipo de responsabilidades, como el no haber acompañado y vigilado la gestión del Alcalde, principalmente tras la avalancha de señalamientos. Podría criticársele también al Polo no haberse alejado definitivamente de los Moreno, al ver el alcance de las acusaciones y la inminencia de los hechos. La misma responsabilidad podría caberle a otros partidos, como a la coalición que se formó en el Consejo Distrital o al Partido Liberal en concreto, por que el Representante Germán Olano y el ex Contralor Moralesrussi, hoy salpicados por el escándalo, son militantes de ese partido.

Sin duda, los resultados de la administración de Bogotá y las recientes determinaciones judiciales y disciplinarias menoscaban la capacidad del Polo para hacer las vehementes denuncias que ha hecho hasta el momento, en casos como la parapolítica, Agro Ingreso Seguro y más recientemente, el Carrusel de la Salud. Pero cuestiona incluso su misma continuidad, como oposición al establecimiento y alternativa en forma y fondo, a la política tradicional en el país.

Aún sin ser de izquierda, es importante reconocer la importancia de la existencia de un partido como el PDA en Colombia. La democracia debe permitir el pluralismo en los actores políticos, dando cabida a diferentes tendencias, sobre todo en este país, donde hemos soportado un conflicto armado por décadas. La izquierda colombiana de base debe decidir si olvida su arenga clásica, perdona al Polo, olvida lo sucedido y continúa adelante con un partido debilitado, con una imagen pública deteriorada, pero quizás depurado y fortalecido tras las dificultades. O si por lo contrario, le da los santos óleos al PDA y comienza de cero nuevamente a construir un proyecto político, con la ilusión de crear una alternativa de poder que lleve a la realidad política los ideales de justicia social, respeto a los Derechos Humanos, resolución definitiva del conflicto, cuidado del medio ambiente, democracia plena y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Las elecciones regionales de octubre son el escenario para que la sociedad dictamine el futuro del PDA. Si Colombia reeligió al partido responsable de los falsos positivos, la parapolítica, las altas cifras de desempleo, pobreza y desigualdad, AIS, la yidispolítica, ¿será capaz de volver a votar por el Polo Democrático Alternativo?

* Economista UN.

Integrante del CEID

Lo que el dinero no debe comprar

Por: Sergio Chaparro Hernández

El caso de los Nule revela cómo en Colombia todas las cosas pueden obtenerse con una buena dosis de dinero e influencias. ¿Es posible evitar que este tipo de historias se repitan?

En el 2006 la revista SEMANA publicó un reportaje en el que destacaba el olfato para los negocios y la halconería empresarial de los Nule, a quienes calificó como los nuevos cacaos. Los episodios recientes han mostrado que el enorme prestigio y los millones que estos tres jóvenes costeños habían adquirido no se debían propiamente a un talento excepcional, sino a sus conexiones non sanctas en el oscuro mundo de la contratación pública.

Debo confesar un sentimiento muy personal. Nada me resulta más despreciable que este tipo de personajes que creen que por poseer una cualidad para algo, o unos bienes materiales que otros no tienen, pueden ser los “chachos” en todos los otros ámbitos de la vida. Esto incluye a quienes están convencidos que la fortuna que tienen, o el cargo que ocupan, les dan el derecho de conseguir con dinero o con influencias lo que no se debería obtener por estos medios, o maltratar a quien quieran porque se sienten superiores.

Pero al margen de lo odiosos que pueden resultar estos personajes, considero que este asunto va más allá y tiene que ver con las condiciones sociales que permiten que se cometa cierto tipo de injusticia: la de que a las personas se les otorgue o se les prive de algún bien por razones distintas a las que deberían determinar su distribución.

Por tanto, los correctivos para evitar este tipo de injusticias deben hacer parte de las preocupaciones básicas de toda sociedad. A mi juicio, el remedio más efectivo consiste en modificar las condiciones sociales que permiten que el dinero y las influencias sean los principales factores de ascenso social. Estas no tienen que ver solamente con la facilidad que tiene el poder económico de permear el poder político, sino también con las desigualdades existentes que hacen que las personas estén dispuestas a tolerar o participar en los abusos de los poderosos porque con ello pueden obtener una parte del pastel.

Para que en el sector público la posición social, las relaciones personales o la cantidad de dinero no puedan convertirse en motivos para acceder a cargos o ganar licitaciones es necesario que existan procesos transparentes de selección, de cara a la comunidad, basados en criterios técnicos de evaluación. Reducir la impunidad contra los corruptos también es una manera efectiva de impedir que quienes más dinero poseen sean también quienes puedan modificar las leyes o las decisiones administrativas a su antojo.

Pero para evitar la complicidad o la resignación del resto de ciudadanos ante el abuso de quienes todo lo obtienen por estos medios, es preciso crear las condiciones para que el mérito sea la principal causa de ascenso social y las oportunidades de progreso estén abiertas para todos.

Cuando, por ejemplo, el acceso a bienes sociales de calidad depende de cuánto dinero tengan los ciudadanos, en contextos de debilidad institucional y grandes desigualdades como sucede en Colombia, se le abre la puerta a peligrosas transacciones con la dignidad humana y se le confiere un enorme poder a quienes determinan la repartición de esos bienes. Sólo puede estar sano si tengo dinero para pagarlo; solo puedo ser profesional si tuve la fortuna de nacer en una familia adinerada que puede comprarme una educación de calidad. Pero si no tengo nada de esto, soy más propenso a aceptar el chantaje de quienes puedan brindarme el acceso a estos “derechos” por algo a cambio.

El mercado es un poderoso mecanismo de distribución de muchos bienes. Sin embargo, la cantidad de dinero que las personas posean no debería ser lo que determine su posibilidad de gozar de buena salud o acceder a una educación de calidad. Estos elementos constituyen insumos básicos para la realización de todo ser humano y por lo tanto deberían otorgarse en igualdad de condiciones a cualquier persona en virtud de su sola existencia.

Todos confiamos en que la justicia sancione a los Nule y a quienes fueron cómplices de esa repartición descarada de recursos públicos que fue el cartel de la contratación. Pero quizás un buen comienzo para evitar que los 'nulecitos' del futuro puedan salirse con la suya sea lograr el acceso universal en condiciones de equidad a bienes como la salud y la educación. Tal vez, solo entonces, el dinero dejará de ser esa mercancía todopoderosa que vuelve virtud el vicio y que, como decía Shakespeare, hace sentar a los ladrones con los senadores.

Publicado en Semana.com

Opinión: Investigación Local. Una manera de mejorar la democracia

Por David Ernesto González Ruiz*

Las ciudades-capitales de los departamentos de Colombia, necesariamente cuentan con presiones poblacionales que las hacen susceptibles a estudios, investigación y planteamiento de políticas públicas acordes con sus necesidades de expansión. Ya sea por que en ellas se concentran economías de escala que las hacen atractivas en materia económica a los pobladores o por la presencia efectiva del Estado que garantiza el cumplimiento de muchos de los derechos básicos consagrados en la Constitución de 1991. Por tal motivo, al leer columnistas dominicales del diario El nuevo día como Manuel José Álvarez Didyme-Dome (¿Cuál debe ser el perfil de los candidatos a alcalde y concejales de la ciudad? 20 de Marzo 2011) o “Don Severo” (Otro año político que se inicia. 3 de abril 2011) se aduce al clamor que siempre se realiza por estas épocas electorales, “[…] la actual circunstancia socio-económica de Ibagué, por su gravedad, demanda candidatos tanto a su Alcaldía como a su Concejo, de cuajada condición profesional, bien formados e informados sobre la realidad local y con propuestas serias, consistentes y estudiadas, de impacto para el mejoramiento y el cambio, acompañadas de cifras y prospecciones de índole técnica y administrativa para la generación de entorno propicio para el desarrollo”.

Es muy noble exigirles a los candidatos de elección popular “propuestas serias, consistentes y estudiadas” pero, ¿es posible plantear dichas propuestas sin datos que las sustenten? Es más, ¿cuenta la comunidad ibaguereña – o la población de ciudades-capitales exceptuando Bogotá – con instituciones serias que propendan por el análisis de datos que ayuden a plasmar la realidad socio-económica de la ciudad? Es muy fácil echar mano de las estadísticas suministradas por el gobierno a través de instituciones como el DANE, pero es necesario contar con grupos de estudio serios que contextualicen esas cifras a nivel local y les den vida, especialmente para el debate político que se avecina. Muchas veces en la política local “sobran candidatos y faltan propuestas”.

La capacidad de agrupación de la sociedad civil garantizada por la ley debe prevalecer en un año electoral como el 2011, pero no solo en la movilización sino más importante aún en la investigación. Es cierto, la investigación es costosa y en muchos casos no es rentable económicamente[1] pero el Estado debe sentar las bases de un mecanismo inclusivo que permita a ciudadanos del común investigar los procesos políticos, sociales y económicos de su ciudad. Por ejemplo, el proyecto “Ibagué Cómo Vamos” dirigido por la Universidad de Ibagué en asocio con la Cámara de comercio y la Editorial Aguasclaras es un esfuerzo loable y necesario para la incipiente democracia local. Pero no debe ser el único, ya que el monopolio de opinión no garantiza la trasparencia y confiabilidad de la información suministrada. La “ciudadanía activa” debe ser la meta de todo moviendo social entendida ésta como la capacidad de cumplir con los compromisos de la vida pública establecidos por la ley: también reconocernos como sujetos capaces de proponer, expresar puntos de vista y tener injerencia en la realización de cambios en las diferentes esferas sociales y políticas (Huddleston y Kerr, 2006). El llamado a la movilización e investigación local es claro, la contextualización de datos agregados como los suministrados por el DANE debe ser prioridad de los gobiernos – a través del Departamento Nacional de Planeación – y la ciudadanía activa. De los ciudadanos del común depende la transformación de su ciudad. Es tiempo de cambiar las prácticas clientelistas y politiqueras. ¡En nuestras manos esta el futuro de la sociedad!

[1] Ver http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1906:educacion-superior-sin-recursos-publicos-no-hay-alta-calidad-&catid=167:articulos-recientes-

*Economista. Todos sus comentarios envíelos a degonzalezru@unal.edu.co

El problema no es la bolsa de leche

Por Sergio Chaparro Hernández*

Cada año, la alegría navideña se ve perturbada por una discusión en la que los protagonistas y los argumentos se repiten casi tan fielmente como los gozos de la novena. Siempre que veo en noticias a Tarsicio Mora y Julio Roberto Gómez, presidentes de la CUT y la CGT, diciendo que el incremento decretado del salario mínimo (SM) es miserable, o a Rafael Mejía de la SAC y al presidente de Fenalco afirmando que la productividad laboral no creció lo suficiente como para pensar en un considerable incremento salarial, se apodera de mí esa extraña sensación propia del deja vu típico que experimenta todo colombiano en diciembre.

Este año el suplicio se ha extendido hasta el mes de enero, en razón a que Santos tuvo la grandeza de reconsiderar una decisión e incrementar el SM 3090 pesos más. ¡Qué gran novedad! Un presidente que se pone del lado de los trabajadores para darles la posibilidad de comprar aproximadamente una bolsa de leche más al mes a cerca del 13% de los colombianos, que son aquellos para los cuales el incremento del SM tiene alguna incidencia directa.

Pero bueno, en este país cualquier cosa es cariño. Un gran logro del gobierno de la Unidad Nacional al fin y al cabo, pues las familias en las que un solo miembro trabaja y gana un SM, ya están a una bolsa de leche menos de alcanzar la canasta básica familiar (la cual es equivalente a un poco más de dos salarios mínimos). Ahora les falta que haya un incremento salarial equivalente a la otra mitad de esta canasta y ya podrán tener la posibilidad de consumir lo necesario para llevar una vida digna. Ya veremos hasta dónde llegará la bondad de Santos el otro año; o quizás podamos esperar el milagrito de otra rectificación demagógica durante este mes.

Pero ¿qué pasa con el 44% de los trabajadores colombianos que ganan menos del mínimo legal? La bolsita de leche más para los privilegiados que sí son cobijados por esta norma representará algunos puntos porcentuales más de desempleo y de informalidad, dirá algún economista de Fedesarrollo. No podrán ser contratados en condiciones de dignidad porque esa platica se gastará en pagar el aumento del mínimo y de los costos no salariales de los afortunados que hoy sí están empleados, dirá algún empresario resignado porque, a pesar de que quiere generar empleo, el gobierno se la pone muy difícil. Serán empleados dignamente porque cuando aumenta el SM, aumenta la demanda interna de la economía y con eso los incentivos para producir y para contratar más gente, dirá algún sindicalista, de la CGT quizás, entusiasta con la actitud revolucionaria de Santos.

Sin embargo, las variaciones significativas del desempleo y la informalidad, y el aumento de los ingresos reales de los colombianos, no dependen de que los pocos trabajadores que se benefician del incremento del SM puedan comprar o no una la bolsa de leche más. Hay otros factores importantes que deben ser considerados. Por concentrarse en apasionadas discusiones en torno a este tipo de problemas, la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales se ha convertido en un escenario estéril, incapaz de generar compromisos de todos los actores para combatir los pobres resultados del mercado laboral.

Solo quizás cuando se piense mancomunadamente en cómo lograr incrementos en la productividad sin recurrir a la precarización del empleo; en fortalecer la inspección del trabajo para evitar la evasión de la legislación laboral; en la posibilidad de desligar la seguridad social del mercado de trabajo; en mejorar la formación del trabajador colombiano promedio para lograr incorporarlo al mercado laboral formal; o en cómo poner la política macroeconómica al servicio de lograr el pleno empleo, solo entonces, digo, no haremos tanto alboroto por una bolsa de leche.

Publicada en Semana.com
Investigador del CEID.