Para reducir la informalidad: Educación superior con equidad

Por: Sergio Chaparro Hernández*


El nuevo Ministro del Trabajo debería ser uno de los más interesados en apoyar las exigencias del movimiento estudiantil.

Por estos días, dos discusiones aparentemente inconexas están en el centro del debate público. La primera se ha dado en las calles, gracias a que los estudiantes universitarios nos han recordado, con sus creativas manifestaciones en favor de una educación gratuita y de calidad para todos, que el espacio público también debe ser un escenario democrático. La otra se da en un lugar donde la democracia se ha mostrado impotente: en las frías oficinas del Ministerio del Trabajo en donde la Comisión de Concertación Salarial repite su ya conocido ritual de final de año para analizar -y ojalá por fin acordar- cuánto debe subir el salario mínimo.

Estos dos debates, en apariencia tan distintos, están, sin embargo, estrechamente relacionados. Sin que parezcan reconocerlo, las preocupaciones de los miembros de esta Comisión por diseñar estrategias que contribuyan a reducir la informalidad hallan su respuesta, felizmente, en las reivindicaciones de los estudiantes. En efecto, la mejor estrategia, actuando por el lado de la oferta laboral, para reducir la informalidad y mejorar los ingresos de los trabajadores consiste en apostar por una política ambiciosa de educación superior. ¿Cómo se explica esta conexión?

Según la teoría económica tradicional, un empresario del sector formal decide contratar a una persona si el aporte que ésta hace al proceso productivo equivale al menos al salario que debe pagarle, en este caso, al salario mínimo (SM). Para una empresa formal no resulta rentable contratar a personas cuya productividad es insuficiente para generar un valor agregado equivalente al menos al SM. Una buena parte de los trabajadores sin educación superior –que representan un 67% de la fuerza laboral en Colombia- tienen productividades inferiores a las del SM. Por esa razón, al sector formal no le interesa contratarlos.

En los últimos 4 años, en las 13 áreas metropolitanas del país no se ha creado un solo empleo formal para trabajadores sin educación superior. Antes bien, entre mayo de 2007 y el mismo mes de 2011 se destruyeron alrededor de seis mil puestos en el sector formal para estos trabajadores. Elsector moderno de la economía, el que genera trabajo formal, le interesa cada vez menos contratar trabajadores sin educación superior: en el año 1996 un 70% de los trabajadores contratados en este sector tenían máximo educación secundaria, mientras que en 2010 solo un 47% estaban en esta condición. En cambio, el sistema educativo ha respondido a estas exigencias del sector formal de manera mucho más lenta: en 1996 un 80% de la fuerza laboral no tenía educación superior, y para 2010 un 67% de los trabajadores continúa sin poder acceder a este derecho.

Es cierto que también hay universitarios o tecnólogos desempleados, o trabajando en oficios que no son acordes con sus niveles educativos. Pero la probabilidad de caer en la informalidad de estos trabajadores es inferior a la de quienes tienen máximo bachillerato completo, y su tasa de desempleo alrededor de dos puntos menor. Además, teniendo bachillerato completo un año de pregrado eleva los ingresos en 18%.

Entonces, de ser cierta la explicación de la informalidad basada en la teoría tradicional, la conclusión más desafiante que se puede extraer de estas cifras no es que haya que dejar que el SM se ajuste a la productividad de los trabajadores poco calificados para que los empresarios los contraten a menor costo, sino, por el contrario, que hay que incrementar la productividad de estos trabajadores, con una política masiva de educación superior –técnica, tecnológica y profesional- de calidad, para que a los empresarios formales les interese contratarlos pagándoles una remuneración digna.

La lógica cortoplacista de algunos economistas debe ser invertida para darle un rostro más humano y contribuir a que de ella se desprendan recomendaciones más estratégicas en función de un proyecto de transformación productiva de largo aliento.

No obstante, en ausencia de la voluntad política para hacer de la educación pública superior un derecho universal, deben pensarse mecanismos para que el aumento de la cobertura se concentre en la población de menores ingresos. Hoy, en las universidades públicas, el 61% de los alumnos pertenece al 40% más rico de la población. Por lo tanto, la discusión sobre el financiamiento tiene que reconocer que hay que diseñar estrategias para garantizar que la oferta estatal subsidiada beneficie, principalmente, al 60% más pobre. Pensar en cómo facilitar el acceso de los habitantes rurales, por ejemplo, es un tema pendiente de una agenda seria por el empleo y por una educación superior con equidad.

Aumentar considerablemente los recursos para incrementar la cobertura de la educación superior sin deteriorar la calidad, no tendría porque requerir mayor justificación que la importancia autónoma de garantizarle este derecho a toda la juventud colombiana. Sin embargo, como al gobierno no le parece esto suficiente para convencerse, es importante que sepa que si se decide a invertirle a la educación también podrá reducir la informalidad para tener, por fin, buenas cifras que mostrar en este campo, así como le gusta. Así que Pardo, amigo, únase al montón que su hijo es estudiante y usted trabajador.

*Investigador del CEID.  

La doble personalidad del Estado

Por: Sergio Chaparro Hernández*

Cuando de hablar del respeto a los derechos laborales se trata, la retórica de los gobiernos no tiene límites; pero a la hora de contratar el Estado es el primero en vulnerar los derechos de los trabajadores. ¿Será diferente ahora?

Cada vez que Uribe daba un discurso para defender alguno de los TLC´s que se negociaron durante su gobierno, no ahorraba en palabras expresando su compromiso con los derechos de los trabajadores.

Pero fue durante su gobierno que se realizaron masivos procesos de reestructuración en los que los servidores públicos pasaron a ser vinculados a las mismas entidades a través de cooperativas de trabajo asociado, con menores garantías laborales y posibilidades nulas de sindicalizarse. Fue durante su gobierno cuando se expidió un decreto que le permitía a las Empresas Sociales del Estado contratar todos sus servicios mediante operadores externos, el cual fue declarado nulo por el Consejo de Estado. Fue durante su gobierno, cuando las nóminas paralelas de las entidades públicas crecieron de forma desbordada, a tal punto que en entidades como el SENA había en 2010 más de 25.067 contratos de prestación de servicios, mientras que los trabajadores de planta eran apenas 6.904. Y ni hablar de la Contraloría, del DNP o del DANE.

Esto evidencia que en el tema de los derechos laborales el gobierno pasado tenía una doble identidad: una como culebrero y otra como empleador. La primera es la que asumía cuando daba discursos, iba a los actos simbólicos, o firmaba TLC´s. Se adornaba de palabras bonitas, ponía cara de yo no fui y convencía –o más bien estafaba- a todo el mundo. La segunda en cambio era la que trataba de ocultar, la que asumía secreta y silenciosamente pero, al fin y al cabo, la más genuina. Era la que salía descarnadamente a la luz cuando legislaba, o cuando militarizaba los hospitales para despedir trabajadores en las reestructuraciones. La que utilizaba cuando presionaba a los trabajadores despedidos para que se vincularan a cooperativas y pudieran seguir prestando sus servicios en las mismas entidades, solo que con garantías laborales sustancialmente recortadas.

El gobierno de Santos no se ha quedado atrás en cuanto a discursos y actos simbólicos sobre este tema. De hecho pareciera que la retórica sindical de Angelino hubiera contagiado incluso a los que hace un tiempo se contaban entre los peores villanos teóricos del sindicalismo: el Ministro de Protección Social y el Ministro de Hacienda, quienes en su papel de académicos e investigadores no paraban de insistir en la necesidad de desmontar las rigideces del mercado laboral, y hoy ya firman acuerdos laborales sellados con fervorosos abrazos con Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores y quizás futuro ministro del trabajo.

Pero a diferencia del gobierno anterior, la actitud de Santos ha ido más allá de los discursos y ha logrado concretarse al menos en importantes iniciativas normativas. Prueba de ello es la aprobación del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, y su decreto reglamentario 2025 de 2011, expedido en junio de este año. Estas normas prohíben a las entidades públicas o privadas contratar a través de Cooperativas de Trabajo Asociado, o cualquier otra modalidad que vulnere los derechos de los trabajadores, la realización de funciones misionales permanentes.

Lo dispuesto en esta norma plantea un enorme desafío para el gobierno, pues habría que corregir la ilegalidad de las estructuras de contratación hoy vigentes en muchas entidades. Ya el Congreso eliminó el congelamiento de la nómina de las entidades estatales que había sido establecido en el año 2000. Pero, por solo mencionar un ejemplo, en el sector salud el personal médico (especialistas, enfermer@s, anestesiólog@s) que actualmente cumple funciones permanentes mediantes contratos de prestación de servicios, o cooperativas, tendría que ser incorporado a la planta de personal. Esto significaría reversar los ya muy avanzados procesos de tercerización laboral realizados por gobiernos anteriores con las reestructuraciones, lo cual implica destinar una importante suma de recursos para contratar a estos profesionales, bajo condiciones dignas, en los hospitales públicos.

El verdadero compromiso con los derechos laborales empezará cuando el Estado dé ejemplo en su papel de empleador al resto del sector privado. ¿Estará Santos dispuesto a superar la doble moral de su antecesor?

* Investigador de DeJuSticia e integrante del CEID.