Por David Ernesto González Ruiz*
Bajo el nuevo gobierno la promesa de continuidad en políticas y proyectos de inversión extranjera es muy prometedora. En entrevista con el Financial Times (http://www.ft.com/cms/s/0/40912456-89c6-11df-9ea6-00144feab49a.html) el presidente electo Juan Manuel Santos asegura que “[…] there’ll be continuity in the basic policies that Mr Uribe put in place that he mentioned many times: democratic security, investors’ confidence, what he called social cohesion. That for me is democratic prosperity […] the fourth one is a locomotive that is already going at a high speed, which is the minerals and petrol and oil, the energy sector”. Bajo esta perspectiva, la inversión extranjera seguirá siendo una de las principales fuentes de crecimiento económico del país.
Pero, “la cuarta locomotora” que menciona Santos, la minería, ¿se le ha dado la importancia económica, social y política que realmente necesita? El actual gobierno le quería dar otro golpe a la sociedad introduciendo aquellos “articulitos” que tanto gustan a Uribe. Se trata del artículo 79 del Plan de Desarrollo 2006-2010, que afortunadamente la Corte Constitucional declaró inconstitucional. En aquel párrafo, se concedía el poder a las instituciones nacionales para modificar bajo la figura de “Macroproyectos de interés social nacional” el plan trazado por los gobiernos municipales en los planes de ordenamiento territorial (POT). Es decir, si el gobierno nacional considera un proyecto minero, una represa o la construcción de ciudadelas como de interés social nacional puede disponer del uso del suelo como se le antoje sin consultar a la comunidad, el gobierno local o los estudios realizados en el POT. Es comprensible que se priorice la inversión extranjera en un país con bastantes recursos naturales como el nuestro, pero, el sector de la minería es compuesto mayoritariamente por multinacionales y ante la entrada de multinacionales como la Anglo Gold Ashanti, la Greystar Resources o la Drummond se evidencia la relación asimétrica con la sociedad, es una pelea de intereses entre David y Goliat.
Hago referencia a esto porque en el municipio de Cajamarca en el departamento del Tolima desde el 2003 la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti, la tercera productora mundial de oro, tiene intereses en explotar La Colosa. Mina en la cual se han hallado grandes reservas de oro. La gran diferencia radica en que esta empresa trae al país una técnica de extracción del mineral conocida como minería a cielo abierto (MCA), similar a la que es utilizada en la mina el Cerrejón en la Guajira para extraer carbón. La Megamineria o MCA es altamente nociva, destruye el paisaje, el medio ambiente y pone en riesgo la vida humana. ¿Por qué? En términos sencillos el oro se encuentra diseminado por todas las montañas en partículas muy pequeñas, casi microscópicas - a diferencia de la minería de Filón, donde es posible extraer el mineral de las betas en grandes cantidades -, por la tanto, es necesario dinamitar la montaña, pulverizar las rocas para luego llevar esta “harina de roca” a piscinas con lixiviación de Cianuro y otros químicos empleando grandes cantidades de agua en el proceso. Todos los desechos, es decir, la roca sin partículas de oro se llevan a Diques de Colas donde se enjuagan con agua fresca para disminuir la concentración de Cianuro permitida por la EPA (Enviromental Protection Agency).
La MCA es un proceso donde la comunidad debe estar permanentemente informada, ya que en el proceso se manejan químicos tan nocivos como el Cianuro y la mala utilización de ellos o un simple derrame como ocurrió el 2 de Junio del 2000 en Choropampa, Perú, de 151 kilos de mercurio generó grandes problemas en la comunidad. Los colombianos, en especial tolimenses y cajamarcunos tenemos la responsabilidad medioambiental de movilizarnos en contra de la MCA, no queremos un Yanacocha, en las montañas del Tolima. En especial, porque estas tierras están protegidas por la Ley 99 de 1993, son una fábrica de agua y se deben proteger, cuidar y explotar sosteniblemente. El principio 10 de la Declaración de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 declara:
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
La participación de la comunidad en estos megaproyectos debe ser tenida en cuenta. Es mejor apostar en zonas de gran valor natural y reserva hídrica como Cajamarca por proyectos agrícolas o de ecoturismo. Es importante conservar el titulo de “la despensa agrícola de Colombia” e impedir que la historia y valor cultural de esta parte del Tolima sean vendidos a multinacionales que solamente desangran el país y generan en su camino una estela de destrucción natural. Es cierto que Colombia afrontará en los próximos años una bonanza minera, pero tan bien es cierto, que el agua es necesaria para la vida y contaminar nuestras montañas no es una opción sostenible.
*Economista UNAL. Correo: degonzalezru@unal.edu.co
